El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que el exdiputado kirchnerista Emiliano Estrada sea citado a declaración indagatoria por haber utilizado presuntamente los servicios de dos asesores del Congreso para elaborar y difundir videos falsos en redes sociales. Según la acusación, los colaboradores cobraban sus salarios del Estado y habrían realizado esas tareas en beneficio del entonces legislador. El requerimiento, fechado este martes 6 de octubre, fue presentado en la causa CFP 151/2025. Marijuan consideró que la conducta atribuida al exrepresentante de Unión por la Patria encuadraría, de manera preliminar, en el delito de peculado de trabajo y servicios, contemplado en el segundo párrafo del artículo 261 del Código Penal. La solicitud se produce después de que la investigación quedara radicada en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. Estrada ya había sido objeto de una audiencia de formalización de cargos en Salta el 18 de diciembre de 2025, un antecedente que el fiscal mencionó expresamente para fundamentar su pedido. En su presentación, Marijuan sostuvo que Estrada habría utilizado “trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio” mientras ejercía su mandato como diputado nacional. El señalamiento se concentra en las tareas que presuntamente les asignó a dos de sus asesores. Según el fiscal, esas actividades comprendían “la confección y difusión de videos falsos, de manera clandestina y amparado en el anonimato de las redes sociales”. La hipótesis de la acusación apunta al empleo de personal remunerado con recursos públicos para una finalidad ajena a sus funciones legislativas. El pedido no detalla montos ni identifica en su texto las cuentas desde las que se publicaban los contenidos. La investigación tiene como prueba clave las confesiones de los dos empleados que habrían sido destinados a esas tareas por Estrada. Los colaboradores reconocieron su intervención en la campaña de difusión de contenidos difamatorios, que se realizaba a través de cuentas anónimas de TikTok. En el tramo investigado en Salta, la fiscalía había señalado que los videos buscaban vincular al gobierno provincial con actividades relacionadas con el narcotráfico. El fiscal general Carlos Martín Amad sostuvo entonces que el objeto de la acusación era el presunto desvío de servicios financiados por el Estado y el abuso de autoridad. El fiscal explicó que la radicación de la causa en Buenos Aires requiere adecuar las actuaciones al régimen procesal vigente en esa jurisdicción, establecido por la ley 23.984. Por ese motivo, y teniendo en cuenta lo actuado en el Juzgado Federal N°2 de Salta, solicitó que Estrada sea convocado a prestar declaración indagatoria. La presentación reconoce la formalización de la investigación realizada en diciembre de 2025 y pide avanzar con el trámite correspondiente en el fuero porteño. En aquella audiencia, la jueza federal de Garantías Mariela Giménez había admitido la imputación impulsada por Amad por abuso de autoridad y peculado de servicios. Estrada participó de manera remota y no declaró. Su defensa planteó la nulidad de las actuaciones y alegó persecución política; el planteo de nulidad fue rechazado. El avance del expediente estuvo atravesado por disputas de competencia y planteos relacionados con la inmunidad parlamentaria. Amad había solicitado el desafuero en junio de 2025, mientras que el mandato del diputado terminó el 10 de diciembre de ese año. Estrada es economista y representó a Salta en la Cámara de Diputados entre 2021 y 2025. Antes había sido ministro de Economía provincial durante la gobernación de Juan Manuel Urtubey y subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior.