La Guardia Civil registra inmuebles vinculados a Santos Cerdán y Gaspar Zarrías y requiere documentación en Ferraz por una pieza separada del caso Leire Díez que investiga presuntos pagos irregulares y maniobras para interferir en procesos judiciales. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron este miércoles la vivienda del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la localidad navarra de Milagro y la casa y el despacho en Madrid del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, dentro de una investigación de la Audiencia Nacional vinculada al caso Leire Díez. Ocho efectivos de la UCO abandonaron la vivienda de Cerdán con seis mochilas, dos maletas y dos cajas tras varias horas de registro.

Los agentes, que registraron la casa familiar del exdirigente socialista en presencia del propio Cerdán, introdujeron el material intervenido en tres vehículos, según recogen medios españoles. La operación también incluyó un requerimiento de información en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Los investigadores buscan documentación relacionada con presuntos pagos irregulares y facturas supuestamente falsas a la exmilitante socialista Leire Díez.

Pagos y maniobras contra jueces La Audiencia Nacional está investigando una presunta trama destinada a obtener información sensible y actuar contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad relacionados con causas que afectaban al PSOE o al Gobierno, según fuentes jurídicas citadas por 'RTVE'. El juez ha imputado en esta pieza separada a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, la gerente del PSOE Ana María Fuentes, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad documental, entre otros. Los agentes también registraron el domicilio de Ana María Fuentes y la vivienda de Javier Pérez Dolset.

Según las fuentes citadas por 'RTVE', los investigadores buscaban dispositivos electrónicos, documentación económica y posibles pruebas relacionadas con pagos y contratos investigados en esta causa. La causa permanece bajo secreto de sumario después de que el juez Santiago Pedraz acordara el pasado 8 de mayo prorrogarlo durante un mes más. Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, declaró previamente ante la Justicia que contrató a Leire Díez para investigar una supuesta implicación del excomisario José Manuel Villarejo en la investigación de los ERE andaluces.

Según explicó entonces, llegó a pagarle 4.000 euros mensuales durante cuatro meses. La investigación también analiza operaciones vinculadas a contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aunque parte de las diligencias permanecen secretas. Sánchez: "No puedo convocar elecciones por interés partidista" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles desde Roma que el PSOE colaborará con la Justicia.

Sánchez subrayó que la intervención de la Guardia Civil no fue un registro, sino un requerimiento de información, según había dicho también la secretaria de Organización del PSOE, que mandó "un mensaje de tranquilidad" a través de una publicación en las redes sociales. Sanchéz pidió "respetar los tiempos de la justicia" y afirmó que el partido actuará "con contundencia, como siempre hemos hecho" si aparecen nuevas irregularidades. También defendió que el PSOE ya tomó medidas cuando surgieron las primeras informaciones relacionadas con la causa.

Sánchez descartó un adelanto electoral pese a la presión de la oposición. El presidente reiteró su intención de agotar la legislatura y apeló a la estabilidad institucional. "No puedo convocar elecciones por interés partidista", ha declarado ante los medios, después de su reunión con el papa León XIV en Roma. "Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos". Durante su comparecencia en Roma, también mantuvo su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en otra causa relacionada con el caso Plus Ultra, y apeló a la presunción de inocencia.