El Gobierno reestructura el Ministerio de Salud y reorganiza la gestión del área de discapacidad
Mediante un decreto, se determinó una modificación del organigrama de la cartera; incluye eliminación de áreas y creación de nuevas dependencias
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Mediante un decreto, se determinó una modificación del organigrama de la cartera; incluye eliminación de áreas y creación de nuevas dependencias
- Esta medida, formalizada mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 193/2026, elimina y crea unidades administrativas, y reasigna funciones al interior de la cartera sanitaria
- La normativa fue firmada por el presidente, Javier Milei, y el ministro de la cartera sanitaria, Mario Lugones
- De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Salud pasa a concentrar el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad...
- Destacan dependencias como la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios
El Gobierno reestructura el Ministerio de Salud y reorganiza la gestión del área de discapacidad Mediante un decreto, se determinó una modificación del organigrama de la cartera; incluye eliminación de áreas y creación de nuevas dependencias - 3 minutos de lectura' El gobierno nacional dispuso una reestructuración del Ministerio de Salud que, entre otras cosas, redefine el funcionamiento del área de discapacidad. Esta medida, formalizada mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 193/2026, elimina y crea unidades administrativas, y reasigna funciones al interior de la cartera sanitaria. La normativa fue firmada por el presidente, Javier Milei, y el ministro de la cartera sanitaria, Mario Lugones.
La norma introduce modificaciones en la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del Ministerio. De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Salud pasa a concentrar el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo el otorgamiento y revisión de pensiones por invalidez y otros beneficios previstos por ley. Entre los cambios centrales, el decreto aprueba un nuevo organigrama que redefine la distribución de áreas administrativas, sanitarias y técnicas.
En ese esquema se reorganizan direcciones nacionales, generales y coordinaciones vinculadas a la gestión de recursos, tecnología, asuntos jurídicos y relaciones institucionales, al tiempo que se ajustan dependencias existentes con el fin de ordenar funciones y circuitos internos. En ese marco, el decreto incorpora nuevas áreas orientadas a fortalecer la gestión de políticas de discapacidad. Destacan dependencias como la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios.
También se crea la Dirección del Observatorio de Discapacidad, enfocada en la producción y análisis de información, y se reorganizan unidades con alcance territorial como la Dirección de Gestión Territorial, Acceso y Evaluación de Apoyos. Estas áreas tendrán intervención en los procesos de análisis de solicitudes, determinación de beneficios y monitoreo de su implementación en todo el país. Dentro de la reorganización, se determina que el Observatorio de Discapacidad, que tendrá a su cargo la sistematización y análisis de información sobre el acceso a derechos, apoyos y prestaciones.
También se reordenan las áreas encargadas de la gestión de pensiones no contributivas, con énfasis en la estandarización de procedimientos, el control de expedientes y la articulación con otros organismos del Estado. En paralelo, la normativa elimina una serie de unidades organizativas. Entre ellas se suprimen áreas como la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria, distintas coordinaciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad —como las de Monitoreo Operativo, Comunicación y Enlace de Asignaciones Económicas—, y cargos dentro de la ex Unidad de Auditoría Interna.
En cuanto a la auditoría interna, el decreto define nuevas competencias para el seguimiento de planes de control, evaluación de riesgos y supervisión de informes, en coordinación con los lineamientos de la Sindicatura General de la Nación. Estas tareas estarán orientadas, según determina el texto oficial, a asegurar la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos.
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