El Gobierno prepara un paquete de medidas económicas y laborales para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. Entre las decisiones que se perfilan destaca la prohibición de despidos por causas objetivas relacionadas con la crisis en aquellas empresas que reciban ayudas públicas para mitigar su impacto, según fuentes del Ministerio de Trabajo citadas por ElDiario.es. La medida, que se encuentra pendiente de la validación definitiva en el Consejo de Ministros - que se ha visto atrasado tras negarse los diputados de Sumar a entrar a la reunión extraordinaria - se suma a la rebaja del IVA al 10% para los combustibles, una iniciativa que pretende paliar la subida de precios derivada de la guerra en Irán.

El Ejecutivo busca así blindar el empleo y evitar que la inestabilidad internacional tenga efectos directos sobre los trabajadores. Desde el Ministerio de Trabajo se ha hecho hincapié en que los ERTE continúan estando disponibles como principal recurso para que las empresas puedan afrontar escenarios de incertidumbre económica. Esta fórmula, que sufrió modificaciones en los últimos años, fue esencial durante los meses más duros de la pandemia y vuelve a quedar como alternativa para evitar despidos y ajustes de plantilla ante el nuevo contexto internacional.

La prioridad del departamento pasa por mantener el empleo, por lo que se apuesta por herramientas que ya se emplearon con éxito en situaciones de crisis recientes. El Ejecutivo, como ya ocurrió durante la emergencia sanitaria y la crisis de inflación provocada por la guerra de Ucrania, pretende impedir que aquellas empresas que reciban ayudas públicas puedan recurrir a despidos, suspensiones de actividad o recortes de personal en cooperativas si estos se justifican por motivos económicos o de fuerza mayor ligados al conflicto en Oriente Medio. El objetivo es que la protección del empleo sea una condición vinculada a la obtención de fondos públicos en este nuevo escenario.

Nuevas exigencias de movilidad y condiciones para acceder a los fondos El paquete de medidas incorpora además una nueva obligación para las empresas beneficiarias de fondos públicos: la elaboración de planes de movilidad sostenible. Trabajo y Transición Energética, con Sara Aagesen al frente, han pactado exigir que las compañías que reciban ayudas implementen sistemas para fomentar el transporte colectivo y reducir el consumo de carburantes, en sintonía con la inestabilidad actual en los mercados energéticos. El cumplimiento de estos planes de movilidad será imprescindible para las empresas que aspiren a mantener las ayudas, ya que su incumplimiento conllevará la devolución total de los fondos.

Entre las opciones que podrían adoptarse se encuentran la promoción del uso compartido de vehículos, la organización de rutas colectivas o incentivos para el transporte público, todo ello con el fin de disminuir el uso del coche privado y el gasto en combustibles fósiles. Por otro lado, la bajada del IVA de los combustibles al 10% se presenta como una de las medidas más inmediatas del paquete aprobado, con impacto directo tanto en los hogares como en los costes empresariales. El Gobierno sostiene que esta rebaja fiscal permitirá amortiguar las consecuencias económicas del conflicto y asegurar la financiación de otras iniciativas de apoyo.

Con este conjunto inicial de decisiones, el Gobierno repite el enfoque de vincular la concesión de ayudas públicas a compromisos claros de mantenimiento del empleo y a la adopción de medidas de movilidad sostenible. El desarrollo de estas iniciativas y su ajuste en las próximas semanas dependerán de cómo evolucione la situación internacional y de los efectos que tenga en el empleo y los precios.