En una semana marcada por la tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos, el Gobierno nacional confirmó que aplicará descuentos salariales a los empleados estatales que se sumen al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 19 de febrero. La medida coincide con la sesión prevista en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de reforma laboral, que ya obtuvo media sanción en el Senado. Fuentes oficiales de Casa Rosada señalaron a Ámbito que esta decisión busca desalentar la adhesión a la huelga y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su participación en la huelga y anunció una movilización hacia el Congreso, a pesar de que la CGT había aclarado que la convocatoria sería sin manifestaciones en las calles. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sostuvo en diálogo con Radio La Red: “No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso y facilitando que los diputados avancen con la reforma sin presión social”. Esta postura refleja la creciente fractura entre la central obrera y algunos de sus sindicatos más combativos.

El paro tendrá un impacto significativo en el transporte público a nivel nacional. Todos los sindicatos que agrupan a trabajadores de colectivos, trenes, subtes, taxis y vuelos de cabotaje confirmaron su adhesión, lo que implicará la paralización total de estos servicios durante 24 horas. Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó a Infobae que “todo el transporte se detendrá según la orden de la CGT, que oficializará la medida en una conferencia de prensa el miércoles a las 11 de la mañana”. Esta será la primera huelga general bajo la gestión de Javier Milei, y se espera un acatamiento masivo.

La reforma laboral que motiva el paro contempla cambios en aspectos clave como la negociación colectiva, las condiciones de trabajo y las licencias médicas, un tema que generó polémica en las últimas semanas. El Gobierno había cuestionado la cantidad y duración de estas licencias, argumentando que afectan la productividad, mientras que los sindicatos advirtieron que la reforma busca precarizar derechos laborales. En este contexto, la incertidumbre sobre el tratamiento del proyecto en Diputados crece, con rumores de que el Ejecutivo podría postergar el debate para evitar un desgaste político mayor.

Además de la CGT, las dos centrales sindicales CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores también confirmaron su adhesión al paro. Estas organizaciones agrupan a gremios estatales, docentes y sociales que rechazan la reforma por considerar que implicaría una pérdida de derechos adquiridos y una fragmentación de la negociación colectiva. Según un comunicado conjunto, “la unidad sindical es fundamental para defender el trabajo digno y los derechos conquistados”.

El paro afecta a una amplia variedad de sectores, desde transporte y educación hasta industria, comercio y servicios públicos. Entre los gremios más relevantes se encuentran la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, la Unión Tranviarios Automotor, ATE, SUTEBA, la Unión Obrera Metalúrgica y la Unión Obrera de la Construcción, entre otros. Esta heterogeneidad refleja el alcance nacional y multisectorial de la protesta, que busca frenar una reforma que, según los sindicatos, podría profundizar la precarización laboral en Argentina.

En resumen, la huelga general del jueves 19 de febrero se perfila como una jornada de alta conflictividad social y política, con un Gobierno dispuesto a endurecer las medidas contra los empleados estatales que adhieran y sindicatos movilizados que buscan presionar para frenar la reforma laboral. Como señaló Aguiar, “la pelea no es solo en el Congreso, sino en la calle y en cada lugar de trabajo”. La expectativa está puesta en la capacidad de convocatoria y en la respuesta del Ejecutivo ante una movilización que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero.