El gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados de la Administración Pública Nacional, con compensaciones económicas que pueden alcanzar el equivalente a 25 salarios brutos. La medida fue establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial. Los cargos correspondientes a los trabajadores que acepten desvincularse serán eliminados de la estructura presupuestaria del Estado.

Quienes obtengan el beneficio no podrán reincorporarse al sector público nacional durante ocho años La convocatoria estará dirigida al personal de planta permanente y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado de la administración nacional centralizada. No incluirá a empleados temporarios ni a organismos descentralizados, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que cuenta con un régimen propio. La inscripción se realizará entre el 1° y el 30 de noviembre de 2026, aunque el plazo podrá extenderse una sola vez por un máximo de 30 días.

Las compensaciones estarán determinadas por la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador. Para las mujeres de hasta 57 años y los hombres de hasta 62, el régimen contempla un salario bruto por cada año de servicio, con un máximo de 20 remuneraciones. A esa suma se agregarán cuatro salarios adicionales para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente, o cinco para aquellos que alcancen o superen ese período.

Cómo se calcularán las compensaciones del retiro voluntario Los empleados próximos a la edad jubilatoria tendrán condiciones diferentes. Las mujeres desde los 58 años y los hombres desde los 63 que no tengan suficientes aportes podrán optar por una gratificación única o cobrar mensualmente el 60% de su salario bruto. La primera alternativa equivale a un sueldo por año de antigüedad, con un máximo de 18 remuneraciones y un límite vinculado con los meses restantes para jubilarse.

La segunda se extenderá durante un máximo de 36 meses, con aportes previsionales y de obra social, y finalizará antes si el trabajador reúne los requisitos jubilatorios. Las mujeres de entre 58 y 64 años y los hombres de entre 63 y 64 que acrediten al menos 30 años de aportes integrarán otro grupo. Recibirán un salario bruto por año de antigüedad, hasta un máximo de 18 remuneraciones, con un límite relacionado con el tiempo restante para jubilarse.

También cobrarán cinco sueldos adicionales, independientemente de su antigüedad. El régimen excluye a quienes ya cumplen los requisitos jubilatorios. Para las mujeres que hayan ejercido la opción legal de postergar su jubilación, la edad límite se considera alcanzada a los 65 años.

Las gratificaciones de hasta $20 millones se abonarán en un único pago. Los montos superiores se pagarán en cuotas mensuales y consecutivas de $20 millones, hasta un máximo de tres, con el saldo restante incluido en la última. El régimen excluye a integrantes de las Fuerzas Armadas, personal de seguridad, agentes de inteligencia y miembros del Servicio Exterior, entre otros sectores.

Tampoco podrán participar los empleados con renuncias pendientes o en disponibilidad, los procesados por delitos contra la administración pública y quienes enfrenten sumarios que puedan derivar en cesantía, exoneración o perjuicio fiscal. Qué condiciones deberán cumplir los empleados para acceder La presentación de una solicitud no garantizará su aceptación, ya que cada jurisdicción podrá evaluar si la desvinculación afecta el funcionamiento de sus servicios. Las autoridades tendrán 40 días corridos, contados desde el primer día hábil posterior al cierre de la inscripción, para resolver los pedidos.

Si no existe una aprobación expresa dentro de ese plazo, la solicitud se considerará rechazada. Los trabajadores con reclamos administrativos o judiciales relacionados con su vínculo laboral deberán desistir formalmente de esas acciones, salvo las excepciones previstas por la normativa. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, estará a cargo de implementar el régimen.

Quienes obtengan el beneficio no podrán reincorporarse al sector público nacional durante ocho años. La restricción también abarca cargos jerárquicos, asesorías y contrataciones, aunque contempla excepciones para el ejercicio de la docencia en universidades nacionales. DCQ/LT