El Gobierno redefinió este lunes el mecanismo de actualización de tarifas del agua potable y cloacas que presta AySA en el área metropolitana, mediante la resolución 14/2026 del organismo de control del servicio (ERAS), publicada en el Boletín Oficial. La medida pone nuevos límites a los aumentos mensuales de hasta 3% para el próximo cuatrimestre. Apunta a sostener el equilibrio económico de la concesión, sin transferencias del Tesoro en medio del proceso privatizador.

Todo cuando, como informó TN, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas está trabajando en los pormenores para publicar el contrato de concesión y luego llamar a la licitación para ofrecer al sector privado las acciones de Aysa, por la que espera recaudar US$500 millones. Cómo serán los aumentos del agua hasta agosto A diferencia de lo que ocurrió entre enero y abril, cuando el aumento mensual no podía superar el 4%, el ERAS estableció que de mayo hasta agosto el tope será de 3% mensual. Desde el Ente Regulador de Agua y Saneamiento explicaron que esta gradualidad busca “mitigar el impacto de la modificación del coeficiente K sobre los usuarios” y al mismo tiempo “amortiguar el efecto tarifario” en el marco del proceso de recomposición iniciado en 2024.

Ese mecanismo de actualización automática está vinculado a variables macroeconómicas y fue diseñado para garantizar el equilibrio económico-financiero de la concesión sin asistencia del Tesoro. El reclamo de AySA y el control del Estado La decisión se da luego de que AySA advirtiera sobre un atraso tarifario acumulado, que —según la empresa— implicó postergar inversiones y recurrir a financiamiento. En ese contexto, la compañía estimó una pérdida de ingresos superior a $95.000 millones.

Frente a ese escenario, el ERAS dispuso además mayores controles sobre la situación económica de la concesionaria. La resolución obliga a la empresa a presentar informes económico-financieros del primer y segundo trimestre de 2026, con el fin de evaluar la evolución del esquema. El organismo señaló que será necesario “realizar un estudio que exponga los objetivos alcanzados y aquellos que se propone alcanzar” en el proceso de convergencia tarifaria.

La normativa ratifica la continuidad de la Tarifa Social, destinada a amortiguar el impacto de los aumentos en los usuarios más vulnerables.