Con la fecha ya fijada del próximo 29 de abril para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinde su primer informe ante la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo intensificó en los últimos días su actividad en el Congreso. La estrategia incluye reuniones políticas, envío de proyectos y la búsqueda de respaldos para avanzar con su agenda legislativa. En ese marco, Adorni mantuvo encuentros con la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario, con el objetivo de ordenar la agenda parlamentaria de las próximas semanas.

También se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para analizar la reforma del Código Penal y el envío de 62 pliegos destinados a cubrir vacantes en la justicia federal. Además, este lunes encabezó la reunión de la mesa política para poder coordinar la estrategia legislativa. En paralelo, la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, convocó para el 16 de abril a las 10 a la audiencia para tratar el pliego del camarista Carlos Mahiques, padre del ministro.

El objetivo es extender por cinco años su cargo como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de su próximo cumplimiento de 75 años durante 2026. Lee también El plan de Milei para blindar a Adorni mientras crece la incertidumbre por el avance de la causa judicial En Casa Rosada, el jefe de Gabinete también se reunió con Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, en medio del envío al Congreso de la denominada “Ley Hojarasca”, una iniciativa elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que apunta a eliminar normas consideradas obsoletas o incompatibles con la Constitución Nacional. Por el lado del Senado, la semana cerró con el ingreso del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone modificar las leyes de Expropiaciones, Tierras y Manejo del Fuego.

En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo sostuvo que busca “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”. Además, agregó que “un Estado que se olvida de proteger la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos es un Estado que incumple el rol para el cual fue fundado e impide el progreso individual y social”. La búsqueda de mayorías El oficialismo se abocará en los próximos días al tratamiento de la iniciativa elaborada por el Consejo de Mayo durante 2025, en el que participaron representantes del Congreso, como Carolina Losada (UCR) y Cristian Ritondo (PRO), además del gobernador Alfredo Cornejo en representación de las provincias.

El mandatario mendocino recibió en su provincia al ministro del Interior, Diego Santilli, y anticipó su respaldo a las reformas. “Desde Mendoza acompañamos este proceso entendiendo la necesidad de avanzar en cambios que den previsibilidad, ordenen reglas y generen condiciones para la inversión y el crecimiento”, sostuvo. En ese esquema, Mendoza aportaría los votos de los senadores radicales Mariana Juri y Rodolfo Suárez, junto con los diputados Pamela Verasay y Lisandro Nieri. También participaron del Consejo de Mayo representantes del Ejecutivo, como el propio Adorni; del sindicalismo, a través de Gerardo Martínez (UOCRA); y del sector empresario, con Martín Rappallini, titular de la UIA.

Patricia Bullrich definirá el inicio del tratamiento del proyecto, que tendría como cabecera a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por Agustín Coto y Gonzalo Guzmán Coraita, respectivamente. Luego, el oficialismo buscará construir mayorías con sectores de la oposición dialoguista, como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales. En ese proceso también serán clave las gestiones del ministro Diego Santilli.

Además, se intentará sumar a los peronistas de Convicción Federal, encabezados por la senadora jujeña Carolina Moisés. Puntos centrales del proyecto La iniciativa busca consolidar el derecho constitucional de propiedad, establecer reglas más claras para expropiaciones y desalojos, y modificar regímenes vinculados a tierras rurales y ocupaciones irregulares. Lee también Los chats que complican a Adorni, euforia oficial por YPF y el dato económico que inquieta al Gobierno Entre los ejes principales, redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor objetivo de mercado y a los daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos.

Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que toda ocupación temporaria anormal no podrá superar los 60 días. En materia de desalojos, el proyecto introduce procedimientos más ágiles: el juez deberá ordenar la restitución inmediata del inmueble en casos de intrusión o falta de pago, previa acreditación del título de propiedad y caución juratoria. También se habilita el uso de la fuerza pública y allanamientos para garantizar el cumplimiento de las sentencias.

Desde el Gobierno remarcan que “la protección del derecho de propiedad demanda mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, incompatible con la garantía de inviolabilidad consagrada por la Constitución”.