El Gobierno activa gestiones para llevar al Congreso en abril el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), uno de los compromisos incluidos en el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Según pudo saber TN, el Ejecutivo busca avanzar en la votación en la Cámara de Diputados en medio de diferencias internas sobre el encuadre legislativo y de presiones del sector farmacéutico. La decisión responde a la necesidad de destrabar uno de los capítulos más sensibles del entendimiento bilateral con Washington.

En la Casa Rosada sostienen que el frente de propiedad intelectual es el más complejo del acuerdo y reconocen que la discusión se aceleró en las últimas semanas por los plazos de implementación comprometidos con la administración estadounidense. La trastienda expone también diferencias internas sobre el tratado. En un sector de Balcarce 50 aseguran que el expediente que obtuvo media sanción del Senado en 1998 quedó “obsoleto” frente al nuevo escenario y a los compromisos asumidos en el acuerdo con Estados Unidos.

En otro espacio interno sostienen, en cambio, que ese antecedente parlamentario sigue vigente y que lo central pasa por empujar su tratamiento en Diputados sin reabrir toda la ingeniería legislativa. El tratado habilita un sistema internacional administrado por la WIPO que permite centralizar la presentación de solicitudes de patente con efectos en múltiples jurisdicciones. La adhesión quedó incorporada como una de las señales que el oficialismo busca mostrar en el plano comercial e institucional frente a la Casa Blanca.

El movimiento se inscribe además en la estrategia de alineamiento que Javier Milei profundizó con los Estados Unidos desde el inicio de su gestión. El Gobierno ya avanzó por vía administrativa en capítulos del acuerdo que no requerían ley inmediata, como el reconocimiento de certificaciones y la eliminación de algunas barreras no arancelarias. El Ejecutivo ya empezó a mover fichas en el plano regulatorio local.

La última señal fue la resolución 75/2026 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), que actualizó los aranceles del organismo y creó la Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial (UMAPI), que comenzará a aplicarse desde mayo con ajustes mensuales atados al IPC. La medida se complementa con la reciente eliminación de las restricciones de 2012 sobre patentabilidad farmacéutica que guiaban el examen de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas. El organismo deberá ahora resolver caso por caso según la Ley 24.481, sin quedar atado a ese filtro previo más específico.

En la Casa Rosada advierten que el frente interno más delicado está puesto en los laboratorios. Los internacionales empujan la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), mientras que los laboratorios locales resisten por el posible impacto sobre la competencia, los genéricos y el mercado interno. Esa tensión cruza la mesa política de Balcarce 50, donde conviven sectores más alineados con la agenda externa de Estados Unidos y otros que plantean dudas sobre el costo político y económico de avanzar sin reparos.