Entre el paquete de nuevos proyectos que el Gobierno impulsa en el Congreso de la Nación, el que contiene mayor ambición económica es el del Súper RIGI, que busca ampliar y complementar otros dos regímenes de inversiones que ya se implementan en nuestro país; el RIGI y el RIMI. En este caso, el programa establece un umbral mínimo de financiamientos de u$s1.000 millones y un plazo de adhesión de cinco años desde la sanción de la ley, con la posibilidad de prórroga de un año más. Según se establece en su redacción, el régimen no aplica para infraestructura ni recursos naturales, sino para “nuevas actividades económicas”: “Todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”, aunque sujeto a “los términos que establezca la reglamentación”.

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, detalló que el “Súper RIGI va a proyectos que no existen, la mayoría de los cuales no los conocemos así que no queremos dar una lista exhaustiva de esos proyectos”. “No queremos limitarlo”, agregó después. El funcionario, que se presentó al debate ocurrió en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Tecnología e Industria, analizó que se trata de una “evolución del RIGI” que vence en julio de 2027: “Sería un error intentar extender ese régimen, porque fue posicionado como un régimen excepcional que tenía vencimientos y una cantidad de proyectos apuraron su presentación para llegar”. “Si un proyecto vuela con el RIGI, no tiene posibilidad del Súper RIGI”, aclaró, en base al proyecto que también inhibe el ingreso de propuestas que se focalicen en “instalaciones preexistentes”. Aunque se trató de una reunión informativa, alguno de los aliados provinciales del oficialismo en el Congreso anticiparon a este medio su visto bueno al régimen y apuntaron a las adhesiones de las Legislaturas locales al RIGI.

Como ejemplos, están Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán. El Gobierno defendió el Súper RIGI en Diputados “Estamos compitiendo por la ubicación de proyectos, entonces tenemos que generar condiciones para que la Argentina esté al tope de la lista del mundo”, explicó Daniel González al respecto de las concesiones impositivas, que incluyen un 15% del Impuesto a las Ganancias a los proyectos que adhieran, cuando el del RIGI era del 20%. Otros de los beneficios de adherir al programa son quebrantos impositivos sin límite temporal; exención de derechos de importación y exportación; libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones; y estabilidad tributaria durante 30 años.

Aún así, indicó que “el objetivo es distinto al RIGI porque necesitábamos mover inversiones en el cortísimo plazo y que la economía se volviera a mover”. En ese marco, puntualizó que no hay precisiones de contratación de personal nacional (“creemos que las exigencias de empleo local son mala idea”), aunque advirtió -ante la sugerencia de un diputado aliado en el plenario- que se podría incluir un programa de “Compre Local”. El principal bloque opositor fue el de Unión por la Patria, que acordó un régimen de inversiones pero no en las condiciones que habilita la ley. “Porque miramos lo que va a quedar, sin encadenamientos productivos pensados ni direccionados por el articulado de esta ley o sin la exigencia de generar una cadena de proveedores que permitan generar condiciones de generar trabajo”, sostuvo la bonaerense Victoria Tolosa Paz. “Seguimos cediendo impuestos y dando privilegios para algunos sectores con un régimen equivocado.

No sé cuánta comparación han hecho con el resto de los regímenes que existen en el mundo para atraer este tipo de inversiones, porque el RIGI es muy único en su clase”, planteó el radical Martín Lousteau.