La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto del Poder Ejecutivo que busca acelerar los procesos de recuperación de viviendas sociales adjudicadas por el IPV en casos de falta de pago, abandono o uso irregular de los inmuebles. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría y ahora pasará al Senado para su sanción definitiva. Qué cambios propone el IPV.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto del Poder Ejecutivo que busca acelerar los procesos de recuperación de viviendas sociales adjudicadas por el IPV en casos de falta de pago, abandono o uso irregular de los inmuebles. La iniciativa obtuvo media sanción y propone modificaciones sobre las leyes provinciales N° 4203, que regula el funcionamiento del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y N° 9001, correspondiente al Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. El proyecto fue aprobado por 31 votos afirmativos de Cambia Mendoza, La Libertad Avanza y el PRO, mientras que el PJ y el kirchnerismo lo rechazaron con 8 votos en total de sus dos bloques.

Hubo varios ausentes por enfermedad, informaron desde la Cámara Baja. Ahora pasará al Senado para su sanción definitiva. Según la fundamentación oficial, el objetivo es fortalecer el sistema de vivienda social y garantizar que las casas financiadas por el Estado “lleguen efectivamente a las familias que más las necesitan”.

El Gobierno provincial argumentó que el sistema habitacional “se sustenta en el cumplimiento recíproco de obligaciones”, donde el Estado facilita el acceso a la vivienda y los beneficiarios deben asumir el compromiso de pago y ocupación efectiva. En ese marco, señalaron que se detectaron numerosos casos de incumplimiento, especialmente por mora persistente, abandono o utilización indebida de las propiedades adjudicadas. “Estos casos han derivado en procedimientos en los cuales se ha resuelto la desadjudicación del plan de vivienda, siendo por ende necesaria la recuperación efectiva del inmueble de una manera ágil y eficiente”, sostiene el texto enviado por el Ejecutivo. Uno de los principales cambios incorporados en el proyecto habilita al IPV a iniciar juicios de desalojo una vez que exista una desadjudicación firme de la vivienda.

Para ello, se modifica el artículo 14 de la Ley 4203, estableciendo que el organismo podrá avanzar judicialmente “en aquellos supuestos en los que el IPV haya resuelto una desadjudicación”. Además, el proyecto incorpora modificaciones procesales para acelerar esos trámites y determina que los desalojos impulsados por el IPV sean tratados por la Justicia de Paz Letrada, bajo el argumento de que esos tribunales cuentan con mayor cercanía territorial y herramientas más ágiles para resolver conflictos de menor complejidad. También se incorporan cambios al Código Procesal Civil y Tributario para incluir expresamente los casos vinculados a “resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el Instituto Provincial de la Vivienda”.

Desde el oficialismo sostuvieron que la iniciativa apunta a garantizar una administración “justa y eficiente” de los recursos públicos destinados a viviendas sociales. La diputada radical Melisa Martínez Malanca defendió el proyecto y aseguró que la propuesta “tiene un único espíritu que es la función social de la propiedad”. Según explicó, la norma busca otorgarle al IPV herramientas para actuar “en aquellos casos en donde se haya procedido a la desadjudicación de viviendas”. “La misión del IPV es procurar el acceso a la solución habitacional integral a través de una distribución justa y eficiente de los recursos”, sostuvo.

Además, remarcó que la medida apunta a recuperar inmuebles que “están siendo mal usados” para volver a adjudicarlos a familias que realmente necesiten la vivienda y cumplan con las obligaciones de pago. Desde el PRO, la diputada Cintia Gómez acompañó la iniciativa y afirmó que el proyecto refleja “qué tipo de Estado es el que queremos”. “Queremos un Estado competente, eficiente, con reglas claras y que haga cumplir la ley”, sostuvo. En tanto, el legislador de Mendoza x La Libertad, Gustavo Cairo, consideró que el proyecto busca “darle herramientas al IPV para recuperar lo que ha invertido la gente a través de sus impuestos”.

También desde La Libertad Avanza, María Fernanda Kaufman aseguró que la norma permitirá una administración más responsable de los recursos públicos y defendió que las viviendas “deben llegar a quien verdaderamente la necesita y ha cumplido con todos los requisitos”. El bloque peronista votó en contra de la iniciativa y cuestionó que el proyecto no contemple situaciones particulares de familias que atraviesan dificultades económicas. Del mismo modo se expidió el bloque del kirchnerismo.

El diputado Lucas Ilardo planteó que era necesario “diferenciar al que no podía pagar por una situación particular de aquel que la alquila”. En la misma línea, Germán Gómez sostuvo que la propuesta “solo busca acelerar procesos y no contempla situaciones particulares que deberían diferenciarse”. Por su parte, la diputada Verónica Valverde afirmó que el PJ no acompañó el proyecto porque “no han sido tenidas en cuenta nuestras sugerencias”. “Este tema necesita un debate técnico y serio”, remarcó.

Finalmente, Gabriela Lizana señaló que existe un grave problema habitacional en Mendoza y reclamó discutir soluciones más amplias para el acceso a la vivienda.