El Consejo de la Magistratura de la Nación resolverá este miércoles si suspende en el cargo y envía a juicio político para ser destituidos a dos jueces federales acusados de mal desempeño de sus funciones. Son el magistrado de Mar del Plata Alfredo López y el integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava. López está acusado de publicar en sus redes sociales mensajes antisemitas y presentó su renuncia la semana pasada para evitar el juicio político.

La causa contra Díaz Lacava por maltrato laboral y amenazas a los empleados y funcionarios de su tribunal, por lo que también tiene un expediente penal en el que fue enviado a juicio oral. La Comisión de Acusación del Consejo aprobó las imputaciones en su contra por mal desempeño de sus funciones. Ahora debe definir el plenario del Consejo, presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

Lo hará mañana desde las 9:30 horas cuando se reúnan los 20 consejeros. Para aprobar los juicios políticos se requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos. "Todo indica que el número está para aprobarse. Se está cerca pero hay que ser prudentes", coincidieron dos consejeros ante la consulta de Clarín.

Sobre Díaz Lacava, además de un dictamen para enviarlo a juicio político, se analizará otro que este martes presentó el juez Alberto Lugones que consideró que el magistrado de La Pampa no debe afrontar un jury, sino que debe ser sancionado con una multa del 50 por ciento de su sueldo por único vez. Para Lugones, Díaz Lacava cometió "faltas a la consideración y el respeto debido a otros magistrados, funcionarios y empleados judiciales". Con el juez López se da una situación particular.

El magistrado presentó su renuncia y el gobierno nacional de Javier Milei no se la aceptó. Antes, el Ministerio de Justicia le pidió al Consejo un informe sobre las causas contra el juez. Por eso, algunos piensan que la resolución del juicio político de López podría suspenderse hasta que el Poder Ejecutivo tome una decisión.

Otros creen que igual se puede avanzar ya que la dimisión puede ser aceptada en cualquier momento. Si le aceptan la renuncia podrá acceder a la jubilación, lo que pierde si es destituido. Si las acusaciones avanza, los dos jueces federales quedarán automáticamente suspendidos en sus cargos y enviados a juicio político.

Los procesos estarán a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que tiene 180 días para hacer el proceso y resolver si los destituye o rechaza las acusaciones. López está acusado de haber publicado en su cuenta de la red social "X" [email protected] mensajes considerados antisemitas en los que hacía referencia al sionismo, el estado de Israel y el conflicto en medio oriente. "Sí, raza de víboras, por el pueblo judío", "son cínicos", "estado ficticio" y "al que persiguen es a mí, pero yo soy argentino y ustedes extranjeros", fue algunos de los mensajes que publicó. La causa se inició por denuncias que presentaron la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la diputada nacional Sabrina Ajmechet y la Fundación Apolo, que pidió que no se le acepte la renuncia.

Por unanimidad, hace un mes, la Comisión de Acusación -que preside el abogado Alberto Maques- aprobó el juicio político de López por “manifestaciones de contenido antisemita, discriminatorio y hostil hacia la comunidad judía, así como expresiones que atribuyen responsabilidad colectiva a dicho grupo por hechos vinculados al conflicto de medio oriente y que reproducen estereotipos y teorías conspirativas históricamente asociadas al antisemitismo". “No se contempló que un magistrado no pierde su condición de ciudadano. En 40 años en el poder judicial no tuve denuncia o recusación por los hechos que se me imputan. Mis acusadores y los supuestos ofendidos no promovieron ninguna denuncia de carácter civil o penal", fue la defensa de López cuando se presentó en el Consejo.

Díaz Lacava está acusado de mal desempeño de sus funciones por amenazar y hostigar a los empleados y secretarios de su tribunal, que fueron los que presentaron la denuncia y que debieron tomar licencia médica. Uno de los hechos más graves es que el juez les arrojó una piedra desde la calle que ingresó por la ventana de uno de los despachos. "Nos encontramos ante un magistrado de la nación que ha ejercido actos de violencia y hostigamiento ante sus dependientes de manera sistemática con una actitud indigna e indecorosa”, dijo el diputado nacional Álvaro González cuando la Comisión de Acusación aprobó el juicio político. En la comisión la única disidencia fue la del diputado de La Libertad Avanza Gonzalo Roca que se abstuvo de votar porque dijo que no estaba convencido que Díaz Lacava tenga que ser enviado a juicio político.

Con Díaz Lacava se da una situación inédita: tiene una restricción perimetral que le impide ingresar a su tribunal oral para no estar en contacto con los empleados y funcionarios agredidos. La medida fue dictada en la causa penal en la que está procesado y que en febrero pasado fue enviado a juicio oral y público para ser juzgado por los delitos de de amenazas simples y agravadas, lesiones leves y graves en un contexto de violencia, maltrato laboral y para el caso de las mujeres en un contexto de violencia de género, desobediencia y retardo malicioso de justicia. “No he realizado ningún comportamiento antirreglamentario ni he cometido ningún delito. Y he pedido disculpas, incluso cuando sabía que no había realizado ofensa alguna”, dijo el juez cuando declaró en el Consejo.

Sobre el episodio de la piedra sostuvo que fue una "broma" y que estaba "sumamente arrepentido". Sobre la firma