La denuncia formal contra funcionarios del Poder Ejecutivo provincial fue presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Rio Negro bajo la acusación de incumplimiento reiterado de la Ley K N° 2216 y ausencia de respuesta a cuatro pedidos de informes. La presentación apunta a lo que califican como un incumplimiento y vulneración directa de las facultades constitucionales de control del Poder Legislativo. En este sentido, la oposición acusa a los funcionarios públicos de enmascaramiento intencionado y ocultamiento de la información al evadir reiteradamente los informes solicitados y con ello vulnerar el sentido de transparencia.

El presidente del bloque, José Luis Berros, fue contundente: “Estamos ante un gobierno que ha decidido ignorar la ley y el control democrático. No responder pedidos de informes no es un descuido administrativo: es una decisión política de ocultar información”. A su vez, la oposición realizó un llamado de atención al gobierno, indagando acerca de las razones de Weretilneck para no responder a los requerimientos, “como si quisiera proteger a Ciccarelli y a Machado y se escudara en trolls truchos a través de extrañas contrataciones a empresas consultoras de marketing y medios vinculadas al gobierno de Milei”.

Desde la bancada detallaron que los pedidos de informes involucrados —N° 1129/2025, 1191/2025, 1323/2025 y 1327/2025— fueron oportunamente remitidos a distintas áreas del Ejecutivo, cumpliendo todos los procedimientos establecidos. Sin embargo, pese a las prórrogas solicitadas por los propios organismos y a las reiteradas intimaciones formales realizadas por la Presidencia de la Legislatura, ninguno de ellos obtuvo respuesta. Los expedientes El primero de los expedientes (1129/2025) requería información sobre permisos de exploración y explotación de arenas silíceas, un recurso estratégico vinculado a la actividad hidrocarburífera.

Mientras que el segundo de ellos (1191/2025), estaba orientado a conocer detalles sobre contrataciones directas con la firma EPOGE SRL en el ámbito de la Secretaría de Medios. En ambos casos, el bloque opositor planteó que se trata de información clave para evaluar la legalidad y transparencia en el uso de fondos públicos y denunció una falta de respuesta, pese a los múltiples requerimientos formales. En tanto, el expediente N° 1323/2025 apuntaba a relevar información sobre la actividad minera en la provincia, incluyendo estructuras societarias, beneficios otorgados y controles aplicados a empresarios y firmas vinculadas. “Estamos hablando de recursos naturales y de posibles vínculos que requieren máxima claridad.

El silencio del Gobierno es inaceptable”, señaló Berros. Finalmente, el pedido N° 1327/2025 buscaba establecer si determinados empresarios o sus representantes ingresaron a Casa de Gobierno en los últimos años, en el marco de investigaciones vinculadas a la gestión pública. Este requerimiento, al igual que los previos, quedó desatendido y acabó por generar dudas en el bloque opositor acerca de conductas sistemáticas de ocultamiento. “No es un caso aislado ni una demora puntual: es una política de gobierno basada en la opacidad”, afirmó Berros, y agregó: “Cuando el Estado se niega a informar, lo que está en juego no es solo un expediente, sino el derecho de la ciudadanía a saber cómo se administran los recursos públicos”.

Desde Vamos con Todos remarcaron que el acceso a la información pública es un pilar esencial de cualquier sistema democrático y republicano, y que su restricción implica un retroceso institucional. “La transparencia no es una opción ni un eslogan: es una obligación legal y ética. Sin información no hay control, y sin control no hay democracia plena”, subrayaron. La denuncia solicita que la Fiscalía investigue las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados y avance con las sanciones que correspondan. “No vamos a naturalizar el incumplimiento de la ley.

Vamos a defender cada herramienta institucional que garantice el control y la rendición de cuentas”, concluyó Berros. La denuncia formal contra funcionarios del Poder Ejecutivo provincial fue presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Rio Negro bajo la acusación de incumplimiento reiterado de la Ley K N° 2216 y ausencia de respuesta a cuatro pedidos de informes. La presentación apunta a lo que califican como un incumplimiento y vulneración directa de las facultades constitucionales de control del Poder Legislativo.