A las siete de la tarde, mientras helicópteros sobrevolaban la Villa 31 y drones seguían movimientos desde el aire, cientos de policías avanzaban al mismo tiempo sobre pasillos, comercios y accesos de 15 villas porteñas. El Gobierno de Jorge Macri bautizó el operativo como “Tormenta Negra” y lo presentó como una demostración inédita de control territorial. La escena tuvo algo poco habitual para la Ciudad de Buenos Aires.

Cuatriciclos, brigadas antidrogas, grupos de infantería, perros K9, agentes motorizados, móviles blindados y más de 1.500 efectivos desplegados en simultáneo sobre barrios populares construyeron una imagen que remitió, inevitablemente, a los grandes operativos de saturación policial que suelen verse en algunas favelas brasileñas. Sin llegar a esa escala ni a ese nivel de violencia, el mensaje visual buscó transmitir otra cosa: presencia total del Estado sobre territorios considerados críticos. El megaoperativo se extendió sobre la Villa 31, la 1-11-14, Zavaleta, Ciudad Oculta, Fraga, Rodrigo Bueno, Los Piletones y otros barrios populares donde la Ciudad combinó controles policiales con clausuras, remoción de autos abandonados, inspecciones comerciales y limpieza urbana.

Oficialmente, el despliegue dejó 27 detenidos, cinco búnkers de droga cerrados, secuestro de cocaína, pasta base y marihuana, además de decenas de motos y autos retenidos por infracciones. También fueron clausurados 25 comercios, muchos vinculados a la venta de celulares presuntamente robados o centros médicos sin habilitación. Pero detrás de los números, el operativo dejó otra lectura: la consolidación de una política de seguridad cada vez más enfocada en la ocupación territorial y el ordenamiento urbano. “Nunca antes hubo un operativo como este, coordinado como nunca antes.

Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo”, aseguró el jefe de gobierno porteño Jorge Macri mientras supervisaba el despliegue desde el Centro de Monitoreo Urbano y luego recorría la Villa 31 junto a su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. La frase no fue casual. Tampoco otra definición que dejó durante el operativo: “No queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros”.

En el Gobierno porteño entienden que la seguridad será uno de los ejes centrales de gestión y campaña durante los próximos años. Y el operativo llamado “Tormenta Negra” pareció funcionar también como una demostración política hacia afuera: mostrar capacidad de despliegue, control y reacción frente al avance del narcomenudeo y las economías ilegales en barrios vulnerables. La operación mezcló objetivos policiales con acciones de control urbano.

Mientras brigadas antidrogas allanaban búnkers y detenían sospechosos por infracción a la Ley de Estupefacientes, otros equipos levantaban autos abandonados, retiraban ranchadas y clausuraban locales. En los barrios donde se llevaron a cabo los operativos hubo además controles sobre materiales de construcción, puestos ambulantes y comercios. En paralelo, la Ciudad recordó que durante los últimos meses recuperó más de 780 propiedades usurpadas y liberó decenas de cuadras ocupadas por manteros en distintos puntos porteños.

La estética del operativo tampoco pasó desapercibida. El nombre elegido —“Tormenta Negra”—, los helicópteros sobrevolando villas y la presencia de unidades especiales reforzaron una narrativa de combate urbano que el gobierno de Jorge Macri comenzó a profundizar en esta nueva etapa. En ese esquema, las villas dejaron de aparecer únicamente como territorios de integración social para convertirse también en escenarios prioritarios de intervención policial y control estatal.