Después de una reunión de la mesa política, Gobierno ordena sus prioridades en el Congreso y apuesta a los gobernadores para sostener la agenda de reformas en los próximos meses. El Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa la semana que viene con una sesión en el Senado prevista para el 4 de junio, en la que intentará tratar pliegos judiciales, el paquete de Propiedad Privada y el acuerdo con holdouts por el default del 2001. En la Casa Rosada quieren usar esa sesión como una señal de orden político y parlamentario después de varios días atravesados por tensiones internas.

La estrategia fue parte de la reunión de la mesa política del martes, en la que volvieron a verse cara a cara Santiago Caputo y Martín Menem tras la polémica dentro del oficialismo. En Balcarce 50 aseguran que no hubo menciones a las diferencias y que el encuentro estuvo concentrado en el “status legislativo” de las reformas enviadas al Congreso. El sostén político al que apuesta el oficialismo volverá a ser el esquema de alianzas que construyó con gobernadores dialoguistas, en especial del Norte, junto con el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales.

En la Casa Rosada destacan que esa red ya aportó votos para proyectos como Zonas Frías, Ley Hojarasca, Glaciares y la reforma laboral. La intención es repetir esa dinámica para avanzar con las iniciativas que quedaron en agenda para junio: Super-RIGI, Lobby, Etiquetado Frontal y Ludopatía. La negociación parlamentaria también se cruza con el armado electoral de 2027.

En el Ejecutivo buscan consolidar acuerdos de gobernabilidad con mandatarios provinciales para “blindar la gestión” antes de entrar de lleno en el año electoral. En Balcarce 50 mencionan entendimientos con dirigentes como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi, y no descartan extender esa lógica a otros distritos. El paquete de propiedad privada aparece como una de las prioridades inmediatas del Senado.

El proyecto ya tuvo modificaciones durante la negociación con aliados y forma parte de la agenda que el Gobierno quiere presentar como una señal de protección jurídica para inversiones, tierras y activos productivos. La intención oficial es combinar su tratamiento con el acuerdo para pagar US$171 millones a dos fondos con sentencias firmes por el default, un expediente que el Gobierno busca girar rápido a Diputados. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, pedido por Estados Unidos y con dictamen en Diputados, sigue sin fecha cerrada de tratamiento.

En sectores del Ejecutivo hay especulaciones internas sobre si la demora responde a la espera de un gesto de Washington por la baja arancelaria prevista en el acuerdo comercial (que tuvo complicaciones judiciales) o a eventuales nuevas modificaciones sobre el texto. Algunos sostienen que podría votarse durante la segunda semana de junio, pero todavía no hay una definición formal. La reforma electoral corre por otro carril y es la discusión que la Casa Rosada reconoce como más compleja.

En Nación la siguen ubicando como prioridad política, pero admiten que no tienen los votos para aprobarla sin fuertes concesiones. La negociación por las PASO, el sistema de votación y el financiamiento electoral demandará más tiempo y acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas. La mesa política de Balcarce 50 busca ordenar en paralelo el tratamiento del último paquete de proyectos que envió al Congreso.

El Súper RIGI y la ley de gestión de intereses ingresaron por Diputados, mientras que ludopatía y la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que elimina el esquema vigente de etiquetado frontal, fueron remitidas al Senado. En Nación aclaran que el envío de los proyectos no implica tratamiento inmediato. El Súper RIGI es la apuesta económica más fuerte de esa tanda.

El texto crea un régimen para grandes inversiones en nuevas industrias, con un piso de US$1000 millones por proyecto, beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y de seguridad social, y la exigencia de adhesión provincial y municipal para acceder a los incentivos nacionales. Ese punto abrirá una negociación directa con los gobernadores. La ley de lobby apunta a regular la gestión de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Congreso, con reglas de publicidad y trazabilidad sobre reuniones, beneficiarios y objetivos de las gestiones.

La ley de ludopatía busca regular apuestas online, proteger a menores, restringir plataformas ilegales y habilitar bloqueos de dominios y circuitos de pago no autorizados. La reforma alimentaria propone derogar la ley 27.642 y eliminar los octógonos negros en los envases. En la mesa política no quedó definido el envío de la segunda tanda de reformas, prevista para junio.

Ese paquete incluiría cambios en sociedades, competencia, juicio por jurados y desregulación. En el Ejecutivo reconocen que no todos los textos tienen el mismo nivel de avance: el paquete de desregulación todavía tiene partes bajo redacción, mientras que sociedades, competencia y jurados cuentan con mayor trabajo técnico acumulado. La reforma del Código Penal sigue trabada en Legal y Técnica por diferencias políticas y técnicas entre los equipos de Santiago Caputo y Juan Bautista Mahiques.

Por ahora, no forma parte del calendario inmediato. En la Casa Rosada sostienen que primero buscarán ordenar la reforma electoral y los proyectos ya enviados, y después avanzarán con el resto de la agenda. El calendario tiene además un límite institucional: en septiembre, el Gobierno deberá remitir el Presupuesto 2027.