Pablo Antonio Ruiz se convirtió en el primer integrante del grupo familiar de la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Argentina Ruiz, con pedido de elevación a juicio en la causa que investiga presuntas irregularidades durante su gestión. La imputación contra Pablo es por peculado, al haber utilizado fondos públicos para constituir plazos fijos privados por más de 50 millones de pesos. En paralelo, la exvicegobernadora enfrenta otras acusaciones y la fiscalía solicitó una prórroga de cuatro meses para profundizar la investigación.

El caso tiene su origen en la designación de Pablo Antonio Ruiz como coordinador general de la Casa de las Leyes, un cargo que le otorgó su hermana el mismo día que asumió, el 10 de diciembre de 2023. La Casa de las Leyes, ubicada en Olascoaga 560, sede histórica de la Legislatura neuquina, fue el epicentro de la maniobra denunciada. Según la acusación, Pablo recibía fondos públicos en su cuenta personal, una práctica irregular que fue advertida por el Banco Provincia de Neuquén (BPN) en agosto de 2024.

El BPN notificó a la Dirección General de la Administración de la Legislatura que no podía seguir depositando dinero público en una cuenta particular y recomendó la apertura de una subcuenta. Sin embargo, la Legislatura, bajo la presidencia de Gloria Ruiz, optó por emitir cheques que luego eran cobrados en efectivo por Pablo, quien firmaba recibos. Este mecanismo permitió la transferencia irregular de casi 53 millones de pesos entre enero y agosto de 2024.

Los fondos estaban destinados a distintos programas culturales y comunitarios, como "Caja Chica", "Proyecto de Jóvenes Líderes, Comunitarios y Políticos", "Proyecto Ritmo Ciudadano", "Actividades Culturales, Recreativas y Comunitarias", "Murales Urbanos" y "Actividades Institucionales en Casa de las Leyes y Edificio Honorario de la Legislatura". La fiscalía sostiene que, además de constituir plazos fijos privados con parte de esos fondos, Pablo Ruiz utilizó el dinero y los intereses para gastos personales, lo que configura el delito de peculado.

El artículo 261 del Código Penal establece penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para funcionarios públicos que sustraigan caudales confiados por su cargo. La fiscalía, encabezada por Pablo Vignaroli y Gustavo Kohon, adelantó que solicitará una condena superior a tres años, lo que implica que el juicio será ante un tribunal colegiado de tres jueces.

Mientras tanto, la investigación sobre Gloria Ruiz y otras personas, como María Isabel Richini y Élida Sánchez, continúa por presunta administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito. La extensión del plazo para esta pesquisa sugiere que la fiscalía busca reunir más pruebas antes de avanzar con un pedido de elevación a juicio.

Este caso se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión pública en Neuquén, donde en los últimos años se han detectado múltiples irregularidades en el manejo de fondos estatales. Según datos oficiales, los casos de corrupción en la provincia aumentaron un 15% en el último bienio, lo que ha generado un fuerte reclamo social por mayor transparencia y control.

El abogado penalista Carlos Fernández señaló: "La división de la causa y la elevación a juicio de Pablo Ruiz puede ser una estrategia para acelerar el proceso y evitar dilaciones, pero también puede facilitar la negociación de acuerdos con la defensa". En efecto, la fiscalía no solicitó prórroga para Pablo, lo que indica que ya cuenta con los elementos suficientes para ir a juicio o cerrar un acuerdo, una posibilidad que permanece abierta hasta último momento.

Este episodio pone en evidencia la complejidad de las redes familiares en la política neuquina y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en la administración pública. La sociedad espera que la justicia actúe con celeridad y transparencia para restablecer la confianza en las instituciones.

A continuación, un resumen de los montos involucrados y programas afectados:

| Programa | Monto (pesos) | |-------------------------------------------------|---------------------| | Caja Chica | 600.000 | | Proyecto de Jóvenes Líderes, Comunitarios y Políticos | 7.100.652 | | Proyecto Ritmo Ciudadano | 15.305.000 | | Actividades Culturales, Recreativas y Comunitarias | 8.206.732,71 | | Murales Urbanos | 6.374.694,77 | | Actividades Institucionales en Casa de las Leyes y Edificio Honorario | 11.799.514,70 |

Total: 49.386.594,18 pesos (aproximado, sin contar intereses y otros movimientos).

El caso sigue en desarrollo y se espera que en las próximas semanas se definan los pasos judiciales para Pablo Antonio Ruiz, mientras la investigación contra Gloria Ruiz y otros imputados continúa abierta.