La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, está reunida para continuar con el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2027. El debate cuenta con las presencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ambos funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Luego de la marcha universitaria de la semana pasada, Torrendell defendió la gestión y les hizo fuertes críticas a los rectores: “Una dirigencia aislada sólo acuerda para pedir más recursos, no se compromete con cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes. Es un acuerdo corporativo, es un acuerdo de casta”. El funcionario planteó además que el próximo año las universidades representarán el 3,88% del gasto total de la administración pública nacional en 2027, contra el 3,52% de 2025 y un promedio del 3,81% en las últimas dos décadas. Destacó que “dentro del presupuesto nacional las universidades no perdieron lugar, lo ganaron”. Torrendell advirtió que en las universidades públicas “de cada 100 ingresantes, el 18,7% egresa en tiempo de la carrera contra el 48,8% en universidades privadas” y dijo que “la planta docente no dejó de crecer, entre 2010 y 2024 los docentes pasaron de 151 mil a 216 mil, un aumento del 43%”. El funcionario planteó que “durante décadas prevaleció la premisa de que incrementar el gasto aseguraba un mejor resultado educativo” pero que “la evidencia demostró lo contrario: aumentaban las partidas y el aprendizaje se deterioraba”. El secretario de Educación dijo que el Ministerio de Capital Humano busca establecer un nuevo paradigma, pasando de “un gasto centralizado e ineficiente hacia una inversión educativa transparente y enfocada en el aprendizaje”. Dijo que antes “se perpetuaban programas que terminaban profundizando su dependencia del Estado” y que actualmente se orientan los recursos “hacia políticas que aseguren resultados concretos y verificables”. Uno de los principales ejes de la discusión es el financiamiento de las universidades nacionales. Mientras el proyecto del Poder Ejecutivo prevé transferencias por $7,7 billones para 2027, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó $11 billones, monto que incluyó en la planilla enviada a la Subsecretaría de Políticas Universitarias. La oposición reclama el cumplimiento de la ley Los bloques opositores insisten en la necesidad de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario durante el plenario de Presupuesto y Hacienda. El diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto defendió la importancia de garantizar los recursos para las casas de estudio. “Financiar la educación es una política de Estado que debe sostenerse a través de los gobiernos y las generaciones. Es la posición que defendí en el Senado y mantengo en Diputados: garantizar el presupuesto universitario, la gratuidad y la posibilidad de estudiar en todo el país. El Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades públicas”. En la misma línea, el diputado socialista Esteban Paulón reclamó: “En democracia las leyes se cumplen. Cumplan con las universidades”. La respuesta llegó de la diputada jujeña de La Libertad Avanza Bárbara Andreussi, quien defendió la universidad pública gratuita, pero cuestionó el manejo de los recursos. “Estamos a favor de la universidad pública sin aranceles. Estamos en contra de que se nieguen a ordenar las cuentas: hay rectores que cobran hasta 18 millones y universidades como la UNA que gastan $423 millones por graduado, con bajísimas tasas de egreso. Basta de malgastar el dinero de los argentinos”. El pedido de los bloques dialoguistas Desde la bancada de Argentina Federal, que conduce Oscar Herrera Ahuad y responde a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua, el diputado misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para exigir que el Poder Ejecutivo incorpore al Presupuesto 2027 los fondos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La iniciativa busca garantizar las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización de sus presupuestos, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el financiamiento de becas estudiantiles. “El financiamiento de nuestras universidades públicas debe ser una prioridad en la planificación presupuestaria del Estado nacional. No alcanza con reconocer la importancia de la educación superior: es indispensable garantizar los recursos que permitan sostener su funcionamiento, acompañar a sus trabajadores y asegurar el acceso de nuestros jóvenes a la educación universitaria”, sostuvo Arrúa. La UCR también presiona por más recursos La conducción nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezada por Leonel Chiarella, respaldó el proyecto de Presupuesto Universitario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional. La posición se definió luego de una reunión realizada la semana pasada con legisladores nacionales y representantes del bloque de Rectores Reformistas, en la que también se abordó la defensa de la autonomía universitaria. En ese marco, la UCR exhortó a diputados y senadores a defender los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales durante el debate del Presupuesto 2027. La marcha universitaria acompañará el debate Este martes, mientras se discuta el proyecto en la Cámara Baja, el reclamo universitario también se hará presente frente al Congreso con la quinta Marcha Federal Universitaria, que exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según los datos consignados en el planteo, el presupuesto universitario de 2026 es un 25,3% inferior, en términos reales, al invertido en 2023. A su vez, los salarios docentes se encuentran un 24,2% por debajo de los niveles de ese año. Para cumplir con la ley, el Gobierno debería otorgar un aumento del 32% sobre los haberes de septiembre. El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre y establece las previsiones de recaudación, el resultado fiscal esperado, el nivel de gasto público y las partidas destinadas a las distintas áreas de la administración nacional. Entre sus principales proyecciones económicas, contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación interanual del 18% y un dólar a $1.847,60 para diciembre de 2027.