El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga el presunto crecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. Entre los requerimientos, el fiscal solicitó información sobre vínculos laborales de ambos con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, pidió documentación sobre obras y movimientos vinculados a una propiedad ubicada en el barrio privado Indio Cuá Golf Club y requirió datos sobre una compra de más de $8 millones realizada en un local de muebles y colchones. La decisión quedó plasmada en una resolución de cinco páginas en la que Pollicita dispuso una serie de oficios dirigidos a organismos públicos, administraciones de barrios privados y empresas privadas para profundizar distintas líneas de investigación. Uno de los pedidos más relevantes apunta a determinar si Adorni tuvo algún tipo de contratación, designación, asesoría o actividad remunerada en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023. En caso de que existiera ese vínculo, el fiscal requirió toda la documentación relacionada con su designación, funciones, remuneraciones y eventuales declaraciones juradas patrimoniales. La misma información fue solicitada respecto de Angeletti para el período comprendido entre 2018 y 2023. Además, Pollicita pidió al juzgado federal que investiga una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, y otra persona una certificación amplia sobre el expediente, incluyendo los hechos investigados, las personas involucradas y cualquier referencia a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni que pudiera tener relación con la pesquisa actual. Otra de las medidas ordenadas apunta a reconstruir los gastos vinculados con un inmueble identificado como el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. Para ello, el fiscal requirió los registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan realizado trabajos o suministrado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025. Según la resolución, la información busca determinar aspectos relacionados con reformas, acondicionamiento, compra de materiales, amoblamiento y otros gastos que son objeto de análisis en la causa. En paralelo, también se solicitó a la administración de Fincas de Iraola 2 que informe si Silvia Pais, madre del funcionario, reside en ese barrio privado. En caso afirmativo, deberá precisar desde cuándo ocupa la propiedad, bajo qué modalidad y remitir documentación vinculada con el inmueble, incluidos contratos de alquiler y comprobantes de pago de expensas. La investigación también avanzó sobre una operación comercial detectada a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado en la causa. Pollicita requirió a la empresa Rosen The Store información sobre una factura emitida en junio de 2025 por $8.183.303,25 a nombre de Gisela Kocsis. El fiscal pidió detalles sobre el medio de pago utilizado, la identidad de quien abonó la compra, el domicilio de entrega de los productos y la documentación respaldatoria de la operación para determinar quién fue el destinatario final de los bienes adquiridos. Por último, solicitó a la Comisión Nacional de Valores un relevamiento histórico sobre las plataformas, exchanges y proveedores de servicios de activos virtuales que operaron o prestaron servicios en la Argentina desde 2012 hasta la actualidad, junto con la normativa y antecedentes regulatorios del sector. Las nuevas medidas se suman a otras ya ordenadas en el expediente, que busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y Angeletti y la evolución de su patrimonio.