La polémica en torno a la reforma laboral propuesta por el oficialismo se intensificó luego de que se conociera el artículo 44, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo un recorte del 50% en el pago durante las licencias por enfermedad no relacionadas con el trabajo. Esta medida generó un fuerte rechazo en sindicatos y sectores opositores, que la consideran un retroceso en los derechos laborales. En este contexto, la senadora Patricia Bullrich anunció que se realizarán modificaciones para mantener el pago íntegro en casos de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, buscando así calmar las críticas y asegurar el apoyo de sus aliados en Diputados.

Bullrich explicó que esta excepción estará sujeta a "corroboración concreta y fehaciente", para evitar abusos y fraudes, y que la medida se ajustará a la legislación vigente previa a la reforma. "Es el único país del mundo que va a pagar el 100% en esos casos", afirmó, y agregó que "a los vivos se les va a terminar la avivada". Esta declaración refleja la preocupación del oficialismo por combatir lo que denominan "mafias de certificados médicos" y el alto nivel de ausentismo laboral que atribuyen a licencias fraudulentas.

El debate sobre las licencias por enfermedad no es nuevo en Argentina. Según datos del Ministerio de Trabajo, el ausentismo laboral en el sector privado ronda el 7%, pero en algunos sectores específicos, como la administración pública, puede superar el 15%. Sindicatos y expertos advierten que recortar el pago puede afectar la salud y el bienestar de los trabajadores, especialmente en un contexto de crisis sanitaria y económica. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda proteger los derechos laborales en materia de salud para evitar precarización y garantizar la recuperación adecuada de los empleados.

En cuanto a la salud mental, Bullrich reconoció que existen "excesos" en las licencias, pero no brindó detalles sobre cómo se abordará esta cuestión en la reforma. Este punto es especialmente sensible, ya que la pandemia de COVID-19 incrementó los trastornos psicológicos y la necesidad de licencias por salud mental. Organizaciones especializadas alertan que restringir estas licencias podría agravar problemas de salud pública y generar mayor conflictividad laboral.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó el recorte señalando que "si te lastimaste jugando al fútbol, tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver; en ese caso es el 50%". Esta postura generó críticas por parte de sectores sindicales que consideran que la medida penaliza a los trabajadores y no aborda las causas estructurales del ausentismo. La senadora Bullrich, sin embargo, sostuvo que no habrá modificaciones en este punto y que la reforma busca "terminar con las mafias" que, según ella, afectan la productividad y la confianza en el sistema laboral.

El revuelo generado llevó a que algunos aliados del oficialismo expresaran dudas sobre acompañar el proyecto en Diputados, lo que obligó a Bullrich y su equipo a buscar consensos y realizar ajustes. La senadora adelantó que trabajan en un mecanismo para incorporar la excepción del pago completo sin que el proyecto tenga que volver al Senado, agilizando así el proceso legislativo. En definitiva, la reforma laboral sigue siendo un tema en desarrollo, con tensiones entre la necesidad de reducir abusos y la protección de derechos laborales básicos.

"Queremos que las empresas tengan confianza y que los trabajadores no se sientan penalizados, pero también que se termine la avivada de los certificados truchos", afirmó Bullrich en diálogo con Todo Noticias. Esta frase sintetiza la intención oficial de equilibrar productividad y justicia social, aunque el debate legislativo y social continúa abierto.