El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva destinada a extremar la vigilancia sobre las actividades bancarias de los no ciudadanos en el país. Si bien las advertencias iniciales generaron fuertes alarmas en el sector financiero y entre las comunidades de inmigrantes ante la posibilidad de un control obligatorio de ciudadanía, la medida final resultó menos agresiva de lo esperado. Presionada por un intenso cabildeo de la industria bancaria, la Casa Blanca optó por no exigir la recopilación mandatoria de datos de estatus migratorio, sustituyéndola por una guía de "alertas rojas" para detectar transacciones e irregularidades fiscales vinculadas a personas sin estatus legal.

El freno de la banca: ¿Por qué se evitó el control obligatorio? Durante meses, los altos ejecutivos del sector financiero presionaron activamente a la Casa Blanca para frenar un borrador previo del Departamento del Tesoro que buscaba obligar a los bancos a verificar la ciudadanía de todos sus clientes actuales. Las asociaciones bancarias advirtieron que un mandato de esa magnitud sería extremadamente costoso, burocrático y casi imposible de ejecutar.

The final version of the former will not, after all, go as far as banks feared (directing them to collect citizenship info). — Eleanor Mueller (@Eleanor_Mueller) May 19, 2026 But it will still take real steps toward shutting undocumented immigrants out of the financial system, as detailed to me here by a WH official:… https://t.co/obOkDeYE85 pic.twitter.com/UNBSqj4hPp Los analistas del sector señalaron además un riesgo sistémico: exigir estos datos provocaría la expulsión masiva de millones de clientes del circuito financiero tradicional (debanking). Al quedar fuera del sistema, estas personas se volcarían a canales informales, lo que complicaría el rastreo de transacciones y crearía, de forma paradójica, un problema de seguridad nacional para los propios reguladores que buscan mantener el control de los flujos de dinero. Las "alertas rojas" que los bancos deberán rastrear En lugar del control directo de pasaportes o actas de nacimiento, la orden firmada por Trump instruye al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a emitir una advertencia formal para que los bancos identifiquen comportamientos sospechosos en las cuentas.

Los reguladores pondrán la lupa sobre los siguientes factores de riesgo: - Uso no verificado de ITIN: se fiscalizará el uso del Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) -utilizado frecuentemente por trabajadores indocumentados en lugar del Seguro Social- cuando no esté acompañado por una visa de trabajo o un número de Seguro Social válido. - Evasión de impuestos y salarios en negro: las entidades financieras deberán reportar indicios de evasión de impuestos sobre la nómina, pago de salarios fuera de los registros contables y redes de tráfico laboral. - Estructuras corporativas opacas: se incrementará el rastreo sobre cuentas a nombre de empresas fantasma (shell companies) que busquen ocultar la identidad real del propietario de los fondos. - Movimientos de efectivo sospechosos: los bancos deberán monitorear plataformas que disfracen pagos salariales y retiros repetitivos de dinero en efectivo. - Documentación consular: la Casa Blanca solicitó reformar la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) para facilitar la obtención de información de clientes y calificó explícitamente los documentos emitidos por consulados extranjeros como de "alto riesgo". El argumento oficial: riesgo de impago por deportaciones La Casa Blanca justificó la implementación de estos controles bajo un criterio estrictamente financiero: el riesgo crediticio. Según el gobierno de Trump, si un cliente indocumentado es deportado, los préstamos, tarjetas de crédito o hipotecas vigentes quedan sin pagar, afectando la estabilidad del sistema. "No permitiremos riesgos en nuestro sistema financiero planteados por la extensión de crédito o servicios financieros a la población de extranjeros admisibles y removibles", sentenció el decreto presidencial.

No obstante, la banca tradicional siempre se ha mostrado reacia a financiar a este sector. Estudios del Urban Institute estiman que apenas entre 5,000 y 6,000 hipotecas vigentes en todo el país corresponden a usuarios con ITIN, reflejando que entidades como Fannie Mae y Freddie Mac generalmente rechazan asegurar préstamos a personas sin Seguro Social. Esta orden ejecutiva se suma a otras medidas previas de asfixia financiera indirecta.

En noviembre pasado, el Tesoro reclasificó ciertos créditos fiscales reembolsables como "beneficios públicos federales", bloqueando el acceso a estos reembolsos a contribuyentes inmigrantes que pagan impuestos, afectando principalmente a beneficiarios de DACA (dreamers) y personas con Estatus de Protección Temporal (TPS).