El inicio del ciclo lectivo en las universidades nacionales quedó interrumpido por un paro convocado por los gremios docentes y no docentes. La federación Conadu anunció una semana completa de huelga y anticipó que las protestas podrían extenderse con nuevas medidas a lo largo del cuatrimestre. La protesta responde a un conflicto que combina reclamos salariales y el recorte de recursos para el funcionamiento de las casas de estudio.

Según los rectores, el sistema universitario necesitaría unos 7,2 billones de pesos para sostener su actividad, mientras que el presupuesto presentado por el Gobierno contempla cerca de 4,8 billones. En ese contexto, los sindicatos también cuestionan la situación de los salarios. La legislación vigente sobre financiamiento universitario establece una recomposición que superaría el 50%, pero desde el Ejecutivo se impulsa una modificación de la norma que implicaría un aumento cercano al 12%.

La disputa se arrastra desde el inicio de la gestión libertaria. Tras asumir, el Gobierno dispuso incrementos salariales por debajo de la inflación y mantuvo una fuerte tensión con el sistema universitario, que respondió con movilizaciones masivas en defensa de la educación pública. El Congreso aprobó en dos oportunidades leyes para reforzar el financiamiento del sector.

El presidente Javier Milei vetó ambas iniciativas, aunque el segundo veto fue rechazado por el Parlamento, lo que dejó vigente la norma. Sin embargo, las universidades denuncian que el Ejecutivo todavía no cumple con lo establecido. Ante esa situación, las instituciones recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar que ordena al Gobierno avanzar con los pagos.

La Casa Rosada apeló esa resolución y, al mismo tiempo, promueve cambios legislativos para reducir el impacto fiscal de la ley actual. En el sector advierten que el escenario podría derivar en una huelga prolongada y ya se discute la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria prevista para el 23 de abril.