El juez Calama sitúa al expresidente socialista en el centro de una trama de corrupción y le cita a declarar el próximo 2 de junio por blanqueo, tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), que ocupó el cargo entre 2004 y 2011, ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra. Está previsto que comparezca el próximo 2 de junio ante el tribunal.

El expresidente del Gobierno no ha tardado en responder y sobre las 14:00 ha grabado un vídeo en el que defendía su inocencia y en el que ha expresado su "disposición a colaborar con la Justicia". Y continuó: "Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Además, mis ingresos han sido declarados con absoluta transparencia".

Remató el comunicado afirmando que "jamás" ha realizado "ninguna gestión ante ninguna Administración publica o sector publico en relación con el rescate de plus ultra ni ninguna otra Administración. Así mismo, quiero reiterar que nunca he tenido una sociedad mercantil. También ejerceré mi derecho a la defensa con total convicción".

La citación ha sido acordada por el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, si bien el origen del caso se remonta a las primeras diligencias sobre Plus Ultra iniciadas en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, ha registrado esta mañana el despacho del expresidente en la madrileña calle Ferraz, frente a la sede socialista nacional, así como una empresa de marketing de sus hijas en el barrio de Tetuán y otras dos sociedades mercantiles, de las que han extraído documentación durante toda la mañana. "Habría usado sus contactos para influir en decisiones políticas" En su auto, de 85 folios de longitud, el magistrado Calama sitúa a Zapatero como "el líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" que "usó sus influencias en altos cargos para favorecer a diferentes empresas", entre ellas la aerolínea rescatada, y también vincula al expresidente socialista con el exsecretario de Organización y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, así como a su secretaria personal. En ese esquema, el magistrado sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el "vértice" de la estructura, atribuyéndole su condición de presunto líder por sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

La resolución añade que el centro operativo de la red se localizaría en el entorno personal del exmandatario, desde donde se habrían articulado "instrucciones, comunicaciones sensibles y la operativa financiera y societaria". El juez sostiene además que el entramado habría funcionado mediante sociedades instrumentales y documentación simulada, en un esquema destinado a "ocultar el origen y destino de los fondos y canalizar ventajas económicas en favor de terceros". En el marco de la investigación sobre Plus Ultra Líneas Aéreas, el auto incorpora referencias a operaciones financieras y relaciones entre distintos actores que, según el instructor, formarían parte de una estructura jerarquizada.

Todo ello se enmarca en una causa aún en instrucción en la que el juez aprecia indicios suficientes para avanzar en la investigación de los hechos atribuidos a los distintos intervinientes. Este caso gira en torno al controvertido rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas durante la pandemia de COVID-19, una operación que ha sido objeto de críticas y de varias investigaciones por posibles irregularidades en el uso de fondos públicos. Las pesquisas desarrolladas en los últimos meses por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional apuntan a la posible implicación de Zapatero en el cobro de comisiones irregulares y en el manejo de fondos de origen ilícito, según han señalado fuentes cercanas a la investigación a medios locales.

En este contexto, la UDEF ha puesto en marcha una nueva operación este martes, que, según varios medios, sigue en curso. En el marco de este dispositivo, los agentes estarían registrando también la sede de una empresa vinculada a las hijas del expresidente, según las mismas informaciones. Es la primera vez que un expresidente del Gobierno en España es investigado por presunta corrupción en la etapa democrática.

El PSOE cierra filas con Zapatero y el PP exige explicaciones Mientras el Partido Popular ha reclamado explicaciones urgentes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse la imputación de Zapatero, la dirección del PSOE ha denunciado una persecución judicial contra el partido y ha defendido la presunción de inocencia del expresidente. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, expresó su apoyo en un mensaje en X: "El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia".

Por su parte, el PP ha intensificado la presión sobre el Ejecutivo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado este martes a la noticia, asegurando que no le atribuye una "neurosis económica". El dirigente autonómico conoció la información en directo durante una entrevista en la emisora 'Onda Cero', donde expresó su sorpresa por el alcance de la investigación. "Me deja de piedra, me deja de piedra, sinceramente", afirmó tras conocer los detalles.

García-Page señaló además que hace tiempo que no mantiene contacto con Zapatero y admitió que mantiene discrepancias con él en "muchas cosas". En otro mensaje en la misma red social, el secretario general del partido, Miguel Tellado, afirmó: "No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya".

La noticia llega en medio de una tormenta política para el jefe del Gobierno español, que ya afronta varios escándalos de corrupción. Entre ellos destaca el llamado caso Koldo, una investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia que afecta a antiguos cargos vinculados al Ministerio de Transportes. A ello se suma la causa que afecta a su entorno más cercano, con la investigación abierta sobre su esposa, Begoña Gómez, por sus actividades profesionales y posibles conflictos de interés.

Ambos casos han intensificado la presión política sobre el Ejecutivo en los últimos meses y han alimentado las críticas de la oposición, que exige explicaciones y mayor transparencia.