Durante el 1 y 2 de octubre, Río Cuarto fue sede del II Plenario de la Asociación de Defensoras y Defensores de la República Argentina (ADPRA), con representantes de defensorías de distintos puntos del país. Entre los temas abordados estuvieron el sobreendeudamiento familiar, la discapacidad y salud mental, ciudadanía digital e inteligencia artificial, protección de niñas, niños y adolescentes en internet, alquileres y acceso a la vivienda y costo de vida de las personas mayores. Vivienda y alquileres, uno de los principales conflictos La Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó un relevamiento sobre conflictos habitacionales, elaborado desde el Centro Público de Mediación Comunitaria.

Según los datos expuestos por la coordinadora del área, Mónica Cornaglia, una de cada tres consultas que recibe el Centro está vinculada con el acceso a la vivienda. Además, sostuvo que alrededor del 40% de la población de Córdobano tiene posibilidades de acceder a una vivienda. El organismo relacionó esta situación con el aumento de los alquileres, la pérdida de empleo y las dificultades para afrontar los pagos, factores que pueden derivar en situaciones de exclusión territorial.

Jubilaciones, discapacidad y ciberseguridad Otro de los informes presentados fue la Canasta de Personas Mayores. De acuerdo con los datos difundidos durante el encuentro, la jubilación mínima alcanza a cubrir aproximadamente el 69% del costo de esa canasta, que contempla medicamentos, servicios y alimentos, pero no alquileres. La delegación cordobesa también adelantó información de un diagnóstico sobre la crisis del sector de la discapacidad, que contempla dificultades vinculadas con coberturas médicas, turnos y prestaciones para personas con discapacidad, familias y trabajadores del sector.

Además, Córdoba compartió una Campaña de Ciberseguridad que podría ser replicada en otras defensorías ante el crecimiento de los delitos en entornos digitales. El encuentro permitió intercambiar información y experiencias entre las instituciones que integran ADPRA y analizar problemáticas vinculadas con la protección de derechos en distintas provincias.