Estos ciudadanos se suman a las 21.000 personas que ya integraban el registro de Tribuna Segura por hechos de violencia o sanciones previas. En total, el Gobierno busca que 34.000 personas no puedan entrar a la cancha en el Mundial, enviando esta información sensible a la Embajada de los Estados Unidos en Argentina para que sea procesada por el gobierno de Donald Trump. Qué establece la resolución oficial sobre el derecho de admisión La decisión quedó plasmada en una resolución que instruye a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos a ejecutar los protocolos necesarios para el tratamiento de la información.

El objetivo es poner a disposición de la Embajada de los EE.UU. los datos de los individuos con restricciones vigentes, en el marco de los acuerdos de seguridad firmados entre ambos países. La ministra Monteoliva remarcó que esta acción es fundamental para mostrar la posición de Argentina ante el mundo. Al compartir estos datos, se busca que las autoridades estadounidenses cuenten con las herramientas necesarias para identificar y denegar el acceso a los recintos deportivos a aquellos hinchas que han sido catalogados como riesgosos o que mantienen deudas legales en su país de origen.

Cómo funcionará el control de Tribuna Segura en Estados Unidos A través de la resolución firmada por la ministra de Seguridad, se ordena el cumplimiento del protocolo de tratamiento de la información obrante en el Programa Tribuna Segura. Esto significa que los datos personales, motivos de sanción y vigencia del derecho de admisión de cada uno de los 34.000 hinchas estarán en manos de los organismos de seguridad estadounidenses encargados de la organización de la cita máxima. Este control migratorio y deportivo se aplicará estrictamente durante los meses de competencia en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá, aunque la mayor parte de la información ha sido dirigida específicamente a la administración norteamericana para garantizar estadios libres de violentos.

Con esta medida, el Gobierno busca desalentar el viaje de personas sancionadas y asegurar que el comportamiento de la hinchada argentina en el exterior esté bajo un estricto escrutinio legal, priorizando la seguridad y la responsabilidad civil por sobre el fanatismo deportivo.