Representantes del ministerio de Salud de la provincia defendieron ayer el proyecto de ley que sanciona los actos de violencia ejercidos contra el personal de salud de Neuquén. El coordinador regional, Daniel Daglio, y la directora del hospital Heller, Erika Méndez, concurrieron a la comisión de Trabajo de la Legislatura en la que se debate la iniciativa para justificar su aprobación. Esta es una de las propuestas que llevó el gobernador Rolando Figueroa el pasado 1 de marzo a la apertura de sesiones ordinarias.

Méndez contó que la mayor cantidad de agresiones ocurren en la guardia, ya que las personas reclaman una «atención urgente». La prioridad no es por orden de llegada sino a través del triage, que es un sistema de clasificación en el que se evalúa la gravedad del cuadro. Además, dijo, que muchas veces los episodios suceden con usuarios que presentan intoxicación de alcohol o drogas. «No son conscientes de lo que están generando en su entorno», afirmó.

El hecho más grave fue el año pasado cuando murió un hombre en el acceso al hospital, lo que derivó en una investigación penal. Había ingresado con un arma blanca y fue reducido por la policía. «Las situaciones ocurren todos los días», remarcó la directora del Heller que atiende al 60% de la población de la ciudad, de los cuales el 70% no tiene obra social. Alcanza a nueve barrios, dos tomas y tiene bajo su órbita seis centros de salud.

Señaló que se encuentran en «riesgo» ya que no tienen un protocolo de actuación ni una comisión en la cual referenciarse. Manifestó que esto provoca efectos en el personal de salud, por que muchos no tienen «herramientas» para afrontar estos casos, y otros piden cambiarse de sector por los impactos que provoca en su salud mental. Sumó la atención «extramuros»: los hospitales brindan servicios en los domicilios y allí los equipos no cuentan con protección.

Subrayó que ha crecido la feminización y actualmente el 80% del personal son mujeres. «¿No estarán pagando poco?», se preguntó el diputado radical, César Gass, ante esta proporción. El legislador del MPN, Gerardo Gutiérrez, le consultó si contaban con apoyo psicológico/emocional. Rápidamente respondió que no y que era necesario.

Daglio aseguró que el ministerio «quiere apoyar a todos los trabajadores» y planteó que la violencia no es un fenómeno individual. Explicó que a diferencia de las clínicas o sanatorios -en los que la atención es programada- en los hospitales se asisten las urgencias, catástrofes y cualquier emergencia. Enfatizó en que la oferta de medicina privada en la provincia se concentra en la Confluencia, y que en el interior el sistema público es casi el único efector de salud.

El diputado Andrés Blanco, del bloque PTS-FIT, le manifestó al funcionario el «vaciamiento» que existe en el sistema. Daglio insistió en que es muy «difícil» completar los planteles en el interior. Puso como ejemplo la comarca y el sur en donde no hay médicos patólogos, clave en los diagnósticos oncológicos.

De todas maneras consideró que la cantidad de profesionales «es adecuada». Las sanciones a quienes ejerzan violencia se incorporarán en el Código de Faltas de la provincia y van desde multas hasta arresto. El proyecto prevé medidas de protección.

Representantes del ministerio de Salud de la provincia defendieron ayer el proyecto de ley que sanciona los actos de violencia ejercidos contra el personal de salud de Neuquén. El coordinador regional, Daniel Daglio, y la directora del hospital Heller, Erika Méndez, concurrieron a la comisión de Trabajo de la Legislatura en la que se debate la iniciativa para justificar su aprobación.