Hay viejos problemas que, aun renovados, vuelven. Y hay decisiones políticas que, con el paso del tiempo, exponen las dificultades de la gestión. La salida de Diego Piquin de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) expresa esas cuestiones.

Más allá de las razones personales invocadas, el director ejecutivo se marcha por los problemas que condicionaron su gestión. La agencia no encuentra el camino que justificó su creación. La ATUR nació con la promesa de alivianar los trámites y darle agilidad a la política turística.

Debía funcionar con otra dinámica, menos atada a los procesos de la administración pública. Sin embargo, esa transformación nunca terminó de concretarse. En el gobierno enseguida se corren del desenlace y aluden a que es un organismo mayoritariamente privado, aunque, luego, aceptan que se constituyó con muchas funciones y hablan de la necesidad de cambios en la ley.

La cuestión administrativa fue un punto de fricción. La ATUR no logró autarquía al conservarse ciertas reglas estatales, explicadas por su financiamiento con recursos públicos. La fiscalización se profundizó cuando Turismo pasó al área de Desarrollo Productivo.

Su ministro, Carlos Banacloy, y la responsable del área, Sol Casalda, incorporaron requerimientos. El último pedido de información, dicen, derivó en la renuncia de Piquin. En el 2024, Weretilneck había alentado la creación de la agencia para tomar distancia de reclamos y críticas empresariales.

Cedió, casi totalmente, la política turística. Pero, al poco andar, advirtió que su ley había ido demasiado lejos. La recuperación del manejo de la infraestructura turística y de sus fondos es el núcleo de la reforma pensada.

El capítulo Piquin no está cerrado. Comunicó que dejará el cargo el 30 de noviembre, aunque prevé “cerrar proyectos pendientes y definir el plan turístico de 2027”, según expresó en el mensaje de despedida enviado a los responsables municipales del área. ¿Tendrá esa posibilidad?

Recursos había y hay en el ATUR, a partir del aporte impositivo directo previsto, y esa inyección en 2026 ya superó los 7.000 millones de pesos (unos 4,5 millones de dólares). Mientras se reinstala la discusión turística, otra responsabilidad exige respuestas más urgentes. El 29 de octubre se firmará la transferencia efectiva a Río Negro de las rutas nacionales 22 y 151.

El traspaso será parcial: quedarán afuera la rotonda de Choele Choel y un tramo de la ruta 151 (entre km 3 y 109), porque mantienen contratos vigentes y todavía faltan acuerdos entre la Provincia y las constructoras para completar los trabajos. Para el resto comenzará la cuenta regresiva de las respuestas provinciales. Ya no alcanzará con reclamar por el estado de las rutas o atribuir las demoras a la Nación.

Vialidad recibió los fondos derivados del acuerdo con Oldelval y prepara cuatro intervenciones inmediatas, que estima iniciar a mediados de noviembre. Los trabajos contemplan la ruta 22, en la salida de Río Colorado y en el tramo entre Chichinales y Chimpay, además de sectores deteriorados de la ruta 151. La previsión oficial es intensificar las reparaciones en enero.

Para entonces, sin embargo, no estará disponible el préstamo de Fonplata por 60 millones de dólares. El trámite se demoró: la reunión del directorio prevista para octubre fue postergada para noviembre. Con ese calendario, los recursos se estiman para marzo o abril.

La demora altera el escenario financiero. El mecanismo de Fonplata permite que Río Negro utilice fondos propios para ejecutar las obras y los recupere cuando se concrete el reembolso. El sistema garantiza el ritmo de las tareas, pero presiona más sobre las cuentas públicas: obligará a la Provincia a sostener el financiamiento vial si quiere evitar la parálisis de los trabajos.

El desafío ya no es solamente decidir qué cambiar, sino demostrar que puede hacerse. Y, para colmo, todo en tiempo electoral. Hay viejos problemas que, aun renovados, vuelven.

Y hay decisiones políticas que, con el paso del tiempo, exponen las dificultades de la gestión.