En las últimas horas, se volvió viral el video de un operativo donde se entrega la primera intimación formal en Santa Fe a un padre cuya familia deberá hacerse cargo del costo del despliegue policial en una escuela originado por una falsa amenaza de su hijo. En la filmación, que dura menos de un minuto, se observa la sorpresa del progenitor cuando una oficial de policía le comunica que debe pagar la suma exacta de $6.024.944. La respuesta del hombre, que se repite dos veces ante el impacto del monto, fue: "Cara la jodita".

La notificación establece un plazo impostergable de cinco días hábiles para realizar el pago. Esta medida forma parte de un endurecimiento de la política provincial tras registrarse más de 400 denuncias en las últimas semanas, un fenómeno que se disparó tras la masacre ocurrida en una escuela de San Cristóbal en marzo pasado. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad explicaron que el costo de cada intervención oscila entre los 5 y 6 millones de pesos, pero en casos de mayor despliegue puede superar los $11 millones. “Vamos a recuperar peso por peso”, advirtieron las autoridades, señalando que estas falsas alarmas desvían patrulleros y efectivos que deberían estar destinados a la prevención del delito.

Ya identificaron a 73 personas responsables de amenazas La investigación permitió identificar hasta el momento a 73 personas, de las cuales el 95% son adolescentes. El avance oficial se despliega en dos frentes. Por un lado en el plano económico con el cobro directo a los padres por el costo operativo.

Por otro lado, el pano penal, con investigaciones a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para determinar responsabilidades según la edad. Según reportes oficiales, la aplicación de las sanciones ya comenzarona a mostrar resultados. En los últimos días se registró una baja en la cantidad de amenazas diarias, lo que para el Ejecutivo provincial confirma el "efecto disuasivo".

El Gobierno santafesino sostiene que no habrá tolerancia frente a las amenazas y las familias deberán hacerse cargo de los costos de lo que, para el Gobierno, dejó de ser una “broma” para convertirse en un problema de seguridad pública.