La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar el pliego de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata abrió una de las tensiones políticas más significativas dentro del oficialismo en materia judicial. La magistrada, con más de tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial y actual secretaria del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, había atravesado el procedimiento de selección y ya contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del Senado, donde reunió el respaldo de nueve legisladores y quedó en condiciones de ser tratada por el pleno de la Cámara alta. La polémica se desató cuando el Poder Ejecutivo solicitó formalmente dejar sin efecto su candidatura.

Según trascendió, la decisión estuvo vinculada al parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon del medio periodístico La Nación, reconocido por sus investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales, entre ellas publicaciones sobre el caso $LIBRA y sobre la situación patrimonial de integrantes del Gobierno. Michelli es cuñada del periodista, un vínculo familiar que, de acuerdo con las versiones difundidas, fue considerado un factor político suficiente para que la Casa Rosada impulsara el retiro del pliego. La medida generó cuestionamientos de sectores judiciales, de la oposición e incluso de dirigentes oficialistas, que interpretaron la decisión como una señal preocupante respecto de la independencia institucional y la relación del Gobierno con el periodismo crítico.

Lejos de respaldar la decisión presidencial, Patricia Bullrich se transformó en la principal figura oficialista en desacuerdo con la medida. La senadora y titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta informó públicamente que había conversado con Milei para comunicarle que ejercerá una "objeción de conciencia" respecto del retiro del pliego. "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", escribió la legisladora. En el mismo mensaje agregó que respetaba la facultad constitucional del mandatario para proponer y retirar candidatos, pero sostuvo que expresar sus principios también formaba parte de su responsabilidad política.

La diferencia fue de tal magnitud que la ex ministra de Seguridad incluso puso a disposición su renuncia a la conducción del bloque oficialista, aunque el presidente decidió no aceptarla. Su postura fue acompañada por legisladores del PRO, la UCR y otros aliados parlamentarios que manifestaron su intención de sostener la candidatura de Michelli. En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia de la posición impulsada por la Casa Rosada y recibió personalmente a Michelli en el Senado en medio de la controversia.

Durante el encuentro la vicepresidenta le transmitió que garantizaría el respeto a la independencia de poderes y al procedimiento institucional que debía seguir el pliego dentro de la Cámara alta. El gesto fue leído como una señal política de peso porque ocurrió mientras el oficialismo intentaba frenar el avance de la candidatura y porque expuso una vez más las diferencias de criterio y la rivalidad entre Villarruel y el Jefe de Estado. La reunión fortaleció a quienes sostenían que el Senado debía resolver la cuestión conforme a sus propios mecanismos reglamentarios y no limitarse a convalidar automáticamente la decisión del Ejecutivo. “La vicepresidenta respeta la institucionalidad.

El pliego de Michelli tiene nueve firmas y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado”, explicaron fuentes cercanas a Villarruel. La definición constituyó una señal política relevante. No implicó necesariamente que la vicepresidenta interviniera activamente para garantizar la aprobación de la magistrada, pero dejó en claro que no estaba dispuesta a acompañar iniciativas destinadas a alterar el procedimiento parlamentario una vez que el expediente ya avanzó en la Comisión de Acuerdos y obtuvo el respaldo suficiente para llegar al recinto.

El episodio terminó convirtiéndose en mucho más que una discusión sobre una designación judicial. Para amplios sectores políticos y jurídicos, el caso reveló las tensiones internas que atraviesan al oficialismo, el creciente protagonismo de Bullrich dentro de la estructura parlamentaria libertaria y el papel cada vez más autónomo y alejado de LLA que busca desempeñar Villarruel para su futuro político. También reabrió el debate sobre los límites entre las decisiones políticas del Poder Ejecutivo y los procesos institucionales de selección de magistrados, en una controversia que colocó al Gobierno a la defensiva y generó cuestionamientos incluso entre sus propios aliados.