Murcia, 30 sep (EFE).- El 1 de octubre de 2023, trece personas perdieron la vida en el trágico incendio que arrasó dos discotecas en Murcia y, tres años después, los familiares de las víctimas ponen sus esperanzas en el juicio; rotos por el dolor de perder a sus seres queridos y con un sentimiento de abandono institucional, claman por que se haga justicia. Ese momento comienza a verse algo más cercano una vez que la jueza ordenó a principios de julio abrir juicio oral contra siete investigados: el propietario de Fonda Milagros, donde fallecieron las trece víctimas; los tres responsables de Teatre, donde se originó el fuego; el dj y el propietario de la máquina de fuegos fríos que se usaron esa noche en la discoteca; y el ingeniero que dividió en dos la nave en la que se ubicaban ambas salas. PUBLICIDAD La fiscalía pide para ellos penas de hasta ocho años y medio de prisión e indemnizaciones que superan los cinco millones de euros, pero las familias de los fallecidos coinciden en una idea principal: “Lo que desearía, más que indemnizaciones económicas, es que se haga justicia y oír la voz de quienes fueron responsables del incendio pedir perdón”.

Así lo resume Jairo Correa, que perdió aquella noche a su hija Leidy Paola Correa, y que define estos tres años como “una eternidad” sin ella. PUBLICIDAD “Es doloroso, frustrante. Los responsables quieren lavarse las manos, no quieren asumir sus responsabilidades.

Moralmente nos destrozaron, acabaron con nuestro futuro, con nuestra vida”, apunta. Es un sentimiento generalizado: “Nadie puede entender el dolor que supone para una madre enterrar a su hijo”, subraya Duvis Reyes, que perdió a su hijo Yosi Esteban Rivero el día de la tragedia, el mismo en que ella cumple años. PUBLICIDAD “La única esperanza que yo tengo es que se haga justicia.

El dinero no me va devolver a mi hijo, pero quiero que los responsables paguen con cárcel. Yo trato de seguir adelante, pero no puedo pasar página. Tengo días en los que finjo ser feliz, pero lo que pasó, nunca puedo olvidarlo”, subraya.

Las familias sienten también que han estado solas en estos tres años y que, una vez que pasaron los primeros días y recibieron ayudas para enterrar o repatriar los cadáveres de sus familiares (todos los fallecidos eran de origen latinoamericano), las administraciones se olvidaron de ellos. PUBLICIDAD Reyes, por ejemplo, dependía económicamente de su hijo, con quien vivía y, tras su fallecimiento, se quedó sin ingresos económicos de ningún tipo y sin poder trabajar, puesto que estaba en España en situación irregular. “Solicité ayuda con los papeles, pero nunca me contestaron. Nunca las administraciones me preguntaron si necesitaba algo, ni cómo estaba.

Me tocó arañar y subir sola, buscarme la vida”, lamenta. Es una sensación generalizada que denuncia también Ferney Lozano, que la noche del incendio trabajaba como animador en Fonda Milagros, donde su mujer, Olga Lucrecia Nieto, más conocida como Lula, ejercía de camarera. PUBLICIDAD Ella falleció y Lozano se ha hecho cargo de su hija, que tenía 17 años cuando ocurrió la tragedia y que no ha podido superar la muerte de su madre: ha dejado sus estudios, recibe una pensión de orfandad de menos de 300 euros al mes y su salud mental está tan deteriorada que el hombre teme incluso dejarla sola en casa “por si toma una mala decisión”.

Los familiares confían en que el juicio depure responsabilidades, aunque lamentan que la justicia no será completa ya que en el procedimiento no se investigará la posible responsabilidad penal de Ayuntamiento, que ha sido una reivindicación constante de las víctimas porque las salas estaban en una situación administrativa irregular y con una orden de cese de actividad que no se ejecutó. PUBLICIDAD No obstante, las familias aseguran que no se rendirán: “No estamos dispuestos a ceder. Lo que me alcance la vida será para ver que se haga justicia”, resume Correa.

EFE vv/cc/lml PUBLICIDAD PUBLICIDAD