Cristina Kirchner interpuso ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de queja para impedir que se haga efectivo el decomiso de 20 propiedades de su familia. Su defensa acudió a esta última chance porque la instancia anterior rechazó todos los planteos y ordenó que se avance con la ejecución patrimonial para comenzar a recuperar parte del dinero producido con la maniobra de corrupción juzgada en el caso Vialidad. Los nueve condenados deben responder con sus respectivos patrimonios y de forma solidaria al decomiso ordenado por la justicia.

Una consecuencia directa de la sentencia condenatoria que el 10 de junio de 2025 quedó firme tras el fallo de la Corte. La cifra a cubrir, estipulada como el fraude cometido a través de los procesos licitatorios amañados, direccionados, plagados de irregularidades y con sobreprecios promedio del 65%, asciende a 685.000 millones de pesos. La última decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, ordenó que se ejecuten veinte propiedades de la familia Kirchner y 84 de Lázaro Báez.

Para impedir esta medida, la defensa de la ex presidenta acudió al máximo tribunal. Una decisión importante que tomó el Tribunal que ejecuta la pena del caso Vialidad, fue consolidar el lapso en el que se cometió el delito, lo que como consecuencia despeja qué bienes puede ser alcanzados por el decomiso, es decir aquellos incorporados al patrimonio durante el tiempo que duró la maniobra delictiva, entre 2003 y 2015. Durante esos doce años, Lázaro Báez fue beneficiado con 51 licitaciones viales de las cuales 24 fueron abandonadas, pero se cobraron de igual manera y con marcados sobreprecios.

Con la confirmación definitiva por parte de la Cámara de Casación para que se inicie con la ejecución patrimonial a los fines de comenzar a pagar el fraude, la ex mandataria junto a Florencia y Máximo Kirchner fueron en queja ante la Corte Suprema de Justicia. En Comodoro Py sostienen que esta última apelación "no tiene efecto suspensivo sobre la ejecución de bienes", lo que convertiría en definitiva la decisión de quitarle a la familia Kirchner 20 inmuebles para así, reparar el daño cometido a través de la maniobra defraudatoria investigada en el caso Vialidad. ¿Cuál es el fundamento?

Se señaló que sigue vigente el artículo 257 del Código Procesal Penal que regula el trámite mediante el cual se apeló el decomiso. Frente a esa posibilidad Cristina Kirchner reclamó que los bienes sólo pueden ejecutarse cuando haya sentencia firme, exigiendo el efecto suspensivo por el recurso interpuesto. La palabra final, explicaron fuentes judiciales, la tendrá la Corte Suprema: "será la que interprete si rige el decomiso se suspende hasta que haya un pronunciamiento al respecto o no".

La Cámara de Casación considera que la interpretación manifestada por la defensa de Kirchner a cargo de Carlos Beraldi, es incorrecta. En particular se sostuvo que la condena de Vialidad ya está firme con el fallo de la Corte de hace un año, y que lo que se ejecuta es la medida accesoria de decomiso y no la condena, y que esta instancia se rige por la continuidad del trámite en ejecución, "por lo que el efecto suspensivo no opera automáticamente". Es por ello, que declarada la inadmisibilidad del recurso extraordinario, "se puede avanzarse con la ejecución del decomiso.

La queja ante la Corte no tiene efecto suspensivo automático, salvo que el máximo tribunal lo conceda expresamente", señalaron fuentes judiciales. Dos decisiones centrales La Sala IV de la Cámara de Casación tomó dos decisiones este año. En primer lugar, determinó que la maniobra investigada involucró un esquema complejo, prolongado en el tiempo y con "resultado patrimonial único, vinculado al direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz y a un entramado económico que generó ganancias para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner, a través de negocios compartidos durante los años en que se ejecutó la maniobra criminal".

Ese planteo se formuló cuando en febrero de este año rechazaron los planteos de las defensas que se oponía a la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que ejecuta la pena del caso Vialidad, cuando a finales de 2025 ordenó decomisar 111 bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, esa confirmación por parte del máximo tribunal a la resolución del TOF 2, fue recurrida. Cristina Kirchner pedía que se habilite el recurso extraordinario para llegar ante la Corte Suprema.

Una vez más, los jueces entendieron que los argumentos expuestos no "demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte Suprema". Ante esta respuesta es que la ex Presidenta ahora fue en queja ante la Corte, para impedir que se ejecute un inmueble registrado a su nombre y otros 19, escriturados bajo la titularidad de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Sobre la firma