Uruguay se enfrenta a un escenario complejo que superpone un déficit elevado, el inexistente margen para subir impuestos —más allá de algunos “movimientos fiscales” llevados a cabo por el gobierno— y la necesidad cada vez más acuciante de mejorar la competitividad. En ese contexto, la desburocratización y simplificación del Estado es señalada como el camino indispensable a seguir, y el ejemplo del proceso que lleva a cabo Argentina aparece particularmente cercano. Más allá de la espectacularización de la motosierra y la “eliminación” de ministerios al grito de “¡afuera!” por parte de Javier Milei, Uruguay necesita avanzar en su propia reforma del Estado y puede seguir algunos aprendizajes de la experiencia argentina. Esa es la premisa con la que el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, conversó con el secretario de Simplificación del Estado (2024) y Desregulación (2025) del país vecino, Martín Rossi; y sobre ello profundizó en diálogo con Ámbito. “Más que un problema de casta política, Uruguay tiene un problema de casta burocrática”, apuntó el economista que, desde Ceres, insiste en la necesidad de transformar el Estado para hacerlo más simple, más eficiente y orientado al desarrollo. Argentina, un buen ejemplo a seguir La transformación del Estado no es un tema nuevo en Ceres: además de los estudios, investigaciones y propuestas que vienen desarrollando, hace un año lanzaron la plataforma "Uruguay más simple" para que empresas y ciudadanos ingresen las trabas regulatorias o burocráticas que afectan no solo sus inversiones, sino también el acceso a alguna política pública. “Esa información se la hicimos llegar al gobierno hace ya varios meses, el 1° de julio, con el objetivo de contribuir a un proceso que el propio gobierno puso como prioritario”, señaló Munyo. Al momento, no hubo mayor respuesta que el agradecimiento. Si bien desde Ceres reconocen como positiva la inclusión de una “agenda de simplificación y despapelización del Estado” entre los objetivos de la actual administración del Frente Amplio (FA), insisten en que hay un matiz: “no solo es un tema de simplificar, sino que hay que desregular muchos aspectos”. En ese sentido, la experiencia Argentina —resumida en el “hay que eliminar todo lo que se pueda, y lo que no se pueda eliminar, se simplifica” de Rossi ante su audiencia uruguaya— ofrece varios aprendizajes para enfrentar un proceso similar a nivel local. El primero de ellos es “armar un equipo potente, con respaldo absoluto del presidente de la República y con capacidad de gestionar un problema que es enorme”, señaló Munyo, para quien la “espalda política” es un factor fundamental, “porque cuando uno empieza a meterse en la desregulación, empieza a afectar intereses particulares dentro y fuera del Estado que generan resistencia, y para romperlas hay que tener apoyo absoluto de la más alta jerarquía del país”. En ese sentido, destacó que, aunque todavía está “a mitad de camino”, el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado argentino, Federico Sturzenegger, “es muy valioso”. Asimismo, es un ejemplo de que la preparación del material y el estudio de las normas a modificar debe empezar antes de llegar al gobierno, porque “cuando se asume, la ola es muy difícil de enfrentar si no se tiene armado el arsenal de cambios que se va a hacer”. Finalmente, el “factor sorpresa” es otro aspecto clave, ya que permite “que aquellos que tienen privilegios se puedan sorprender por parte de cambios en las normativas” y no puedan tomar medidas al respecto. Dos tipos de normas a abordar Según Munyo, existen dos grandes categorías de normas acumuladas en el país: por un lado, aquellas que tienen “nombre y apellido”. Un ejemplo “paradigmático” de ello, señaló, es el caso del despachante de aduana, cuya intervención es obligatoria para la mayoría de las operaciones comerciales de importación y exportación. Al respecto, el artículo 189 del proyecto de ley de Presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Parlamento el 31 de agosto pasado eliminaba la intervención de los despachantes y simplificaba los trámites de importación destinada a pymes científico-tecnológicas. Pero, por unanimidad, los legisladores decidieron considerar la modificación en otra etapa de la discusión, “por lo cual quedó en la nada la decisión de eliminar la regulación”, apuntó el director de Ceres. La otra categoría son las normas “por las dudas”, definidas como “controles de controles, muchas veces duplicados o triplicados en distintos organismos que piden lo mismo y generan un costo de tiempo y recursos que, a esta altura, cuando el país está en una situación de encarecimiento relativo y de baja competitividad, son ‘lujos’ que en Uruguay no se pueden dar”. El sistema financiero fue otro ejemplo señalado por Munyo, en el que se da la “paradoja de estrangular al sector formal” a la vez que “se mira par el otro lado al sector no regulado que vive en paralelo y es hoy la principal fuente de financiamiento de muchos sectores”. “Hay que sincerar muchos aspectos de la regulación, en todas las áreas hay normas para modificar y readaptar a la realidad”, consideró. Hacia una reforma del Estado La principal reforma que todavía está pendiente en Uruguay es la del Estado, y en ello viene insistiendo Ceres desde hace varios años. Por un lado, la “pata normativa”; y, por el otro, la del tamaño, duplicación de cometidos y fragmentación al interior de los organismos del Estado. “Hay un gran problema en Uruguay, y es que no hay diálogo entre los organismos del Estado”, sostuvo Munyo, e insistió nuevamente en la necesidad de un equipo que tenga “gente, capacidad técnica y recursos, que pueda dar órdenes y que les respondan”. “Porque al final del día nadie se hace cargo de que una política pública no llegue o de que una inversión demore muchísimo tiempo más en aprobarse”, agregó. La coyuntura suma otro factor de urgencia a esta reforma, ya que “no es lo mismo atraer inversiones hoy, cuando se terminaron los espantapájaros de inversión en la región”, señaló el economista, en referencia a la línea de los actuales gobiernos de Argentina, Paraguay y, más recientemente, Chile. “Hoy son todos atractores y la competencia es más compleja. Uruguay tiene que esforzarse más para que se concreten las inversiones, pero la burocracia que tiene vida propia es un obstáculo”, aseguró. Para Munyo, hay un diagnóstico evidente: “Más que un problema de casta política, Uruguay tiene un problema de casta burocrática”.