La cartera encabezada por Sandra Pettovello, aprovechó la oportunidad del fallo a favor, para enviar un nuevo mensaje a la oposición en el Congreso, y recordó que "mediante el Decreto 759/25 se promulgó la ley 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento ya que su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas". En ese marco, desde la Casa Rosada ratifican que le darán impulso en las próximas semanas a una nueva ley de financiamiento que se adapte a la ley de Presupuesto Nacional 2026 sancionado en diciembre pasado por el Congreso. "Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación", celebró el Gobierno en el comunicado del Ministerio de Capital Humano. En ese sentido, agrega que "el Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender" pero lo condiciona a que sea "en un marco de sostenibilidad de las cuentas publicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado".

Desde la Casa Rosada confirmaron a A24.com que buscarán consensos entre los bloques aliados para avanzar en las próximas semanas en la ley que intenta modificar la ley votada el año pasado por la oposición, con la asignación de recursos que estén en línea con el plan de déficit cero de Javier Milei. Las universidades rechazan ese proyecto que ya está en el Congreso, por considerar que no garantiza el funcionamiento de las universidades, ni de los servicios de salud y de becas que prestan las casas de altos estudios, motivo por el cual convocaron a una nueva marcha federal para el próximo 12 de mayo. El nuevo fallo es la respuesta al recurso de amparo que había presentado el Poder Ejecutivo solicitando el efecto suspensivo, luego de la sentencia del 31 de marzo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que obligada al gobierno a ejecutar los recursos del Estado para aplicar la ley.

El fallo no decide sobre la cuestión de fondo, pero le permite al Gobierno ganar tiempo para no ejecutar los recursos, hasta que la Corte Suprema defina el tema. La crisis en los hospitales universitarios y una nueva medida del Gobierno La medida de la Cámara de Apelaciones en favor del Gobierno se produce luego de que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires volvieran a reclamar por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y advirtieran esta semana que sus hospitales podrían dejar de funcionar debido a la falta de transferencia de los recursos por parte del Estado nacional. Según señalaron autoridades de la institución, en lo que va de 2026 no se giraron fondos para el funcionamiento operativo de los centros de salud dependientes de la universidad, lo que encendió una nueva alarma en el sistema público.

La crisis impacta directamente en la red de hospitales universitarios, que atienden a más de 700 mil personas por año. Entre los centros afectados se encuentran el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto Roffo, el Lanari, el Vaccarezza, el Hospital Odontológico y el Hospital Escuela de Veterinaria. Desde la UBA advirtieron que la falta de recursos compromete la compra de insumos, el mantenimiento y los servicios básicos esenciales para garantizar la atención médica.

Días después del reclamo de las autoridades de los hospitales que dependen de la UBA, el Gobierno anunció la publicación este viernes en el Boletín Oficial, de una nueva resolución del Ministerio de Salud, en la que ordenó modificar el funcionamiento del sistema de residencias médicas para evaluar a los alumnos de las universidades de medicina que cumplen tareas en hospitales nacionales. "Mediante una resolución que saldrá publicada mañana, el Ministerio de Salud de la Nación aprobará el nuevo Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud", anticipó el Ministerio a cargo de Mario Lugones en un comunicado. En ese marco, el Ministerio de Salud anticipó que "la medida busca garantizar la transparencia y objetividad en la selección de profesionales, al tiempo que unifica los criterios de evaluación para el ingreso a residencias básicas, articuladas y/o post básicas del equipo de salud". La normativa detalla un nuevo sistema de evaluación, puntaje y presentación de los estudiantes, y además, dispone la creación del Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI).

Ese cuerpo, estará presidido por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud del Ministerio de Salud y será conformado por representantes de todas las instituciones formadoras y será el encargado de definir los contenidos técnicos, las pautas y los criterios de evaluación. También informó que "la oferta de establecimientos para realizar las residencias se amplió para 2026". Entre las instituciones nacionales se encuentran el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas; el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P.

Garrahan; el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce; el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer; la ANMAT; la ANLIS; y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, entre otras. Asimismo, se suman 20 instituciones privadas y militares como la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán, el Hospital Naval Puerto Belgrano, el Sanatorio Otamendi, la Policlínica Bancaria, el FLENI, el Hospital Militar Central, entre otros, sumando nuevas opciones de formación para los futuros residentes.