Una médica psiquiatra de la Ciudad obtuvo medidas de protección por dos años contra un hombre que había sido su paciente y que la hostigó con amenazas, llamadas insistentes y mensajes de contenido sexual. Así lo resolvió el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de María Julia Correa, hizo lugar al pedido urgente del Equipo Especializado en Violencia de Género (EEVG) de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal porteño. El imputado no está en libertad.

Fue capturado y extraditado a la Argentina por una causa de homicidio en la que permanece detenido. Cuando la denunciante se enteró de que estaba en el país, se presentó ante la Justicia y pidió resguardo. “Si sale libre, me tengo que mudar de país”, aseguró. Según la fiscalía, el hombre había sido su paciente durante poco más de un año.

Después de la interrupción del tratamiento, siguió llamándola desde distintos números, la amenazó y, en varias oportunidades, le envió mensajes de contenido sexual. La Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos (OFAVyT) intervino de inmediato, la entrevistó y encuadró los hechos como violencia de género: violencia psicológica —amenazas, hostigamiento e intimidación— y violencia digital por el envío de material sexual y las comunicaciones invasivas. En esa entrevista se advirtieron temor genuino y cambios fuertes en la rutina de la profesional.

Relató estar en alerta permanente y con un marcado aislamiento social. “Cuando entro a mi casa, miro a mis espaldas; cuando voy a llevar a mi hija al jardín, también”, describió. Agregó que no sale ni mantiene vida social, que trabaja desde su domicilio y que asiste al consultorio solo dos veces por semana. La fiscalía calificó los hechos como amenazas simples, exhibiciones obscenas y hostigamiento digital en contexto de violencia de género.

El pedido lo impulsó la auxiliar fiscal Gloria Ruiz Moreno, bajo la supervisión de la fiscal coordinadora Genoveva Cardinali. El juzgado ordenó al imputado cesar los actos de perturbación, intimidación y acoso; le prohibió el acercamiento y todo contacto por dos años; y dispuso una consigna policial en la puerta del consultorio donde atiende la denunciante. La fiscalía destacó que duración de las restricciones es un hecho inédito en este tipo de intervención.

El expediente de amenazas y hostigamiento sigue su curso en la Justicia porteña.