Una mujer mendocina lleva adelante una batalla judicial sin precedentes contra el Arzobispado de Mendoza. El caso comenzó cuando descubrió que su expareja la había engañado durante más de una década. No solamente estaba casado: la obligó a abortar dos veces, llevaba una familia paralela y, además, era diácono de la Iglesia Católica.

Ahora, después de años de fallos a favor y en contra, el máximo tribunal nacional tendrá que decidir si la Iglesia debe o no responder por los daños denunciados. El inicio del escándalo: engaño, abuso de poder y denuncias Todo empezó en 2003 cuando la denunciante, tras separarse de una pareja violenta, conoció a un supuesto viajante de comercio y, con el tiempo, la amistad se convirtió en un noviazgo. Él le propuso mudarse juntos con sus hijos y le prometió hacerse cargo de los gastos y un proyecto de familia.

Sin embargo, asegura la mujer, detrás de esas promesas se escondía una trama de engaños y manipulación que la dejó en una situación de extrema vulnerabilidad. Las ausencias frecuentes, las explicaciones confusas y los secretos terminaron revelando una realidad impensada. Al increparlo, descubrió que su pareja no solo tenía esposa e hijos, sino también una trayectoria reconocida dentro de la Iglesia mendocina como diácono permanente y director de un seminario.

Poco después de aquella revelación, según consta en la denuncia a la que accedieron distintos medios locales tales como Diario Uno, él desapareció de su vida, dejándola sola y afrontando todas las responsabilidades económicas. En 2018 decidió denunciar lo ocurrido ante el Arzobispado de Mendoza. Solicitó que se investigara la conducta del religioso y que fuera apartado de sus funciones.

La Iglesia abrió un proceso canónico, pero la mujer asegura que el procedimiento estuvo marcado por el hermetismo, la falta de información y situaciones que la hicieron sentir nuevamente vulnerada. La batalla judicial: fallos cruzados y un giro inesperado En 2019, la mujer reclamó una indemnización de $1 millón ante la Justicia Civil por daños derivados de la violencia de género institucional, psicológica y simbólica sufrida durante la investigación eclesiástica. En 2023, un tribunal le dio la razón y condenó al Arzobispado.

La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo, remarcando que la autonomía religiosa no puede ser excusa para vulnerar los derechos de una mujer. Pero a principios de 2024, la historia dio un vuelco. El Arzobispado apeló y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló a su favor el 4 de marzo.

El tribunal provincial sostuvo que no hubo violencia de género porque las normas de secreto canónico se aplican por igual a hombres y mujeres, y que el caso era solo una “falta disciplinaria interna” de la Iglesia, no un ilícito civil. Además, le impuso a la mujer el pago de las costas judiciales. El reclamo ante la Corte Suprema Tras el revés en Mendoza, los abogados de la mujer intentaron llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación mediante un recurso extraordinario federal, pero el tribunal mendocino lo rechazó.

Entonces presentaron una queja directamente ante la Justicia nacional, argumentando la “gravedad institucional” del caso y pidiendo que se anule la sentencia provincial. La defensa sostiene que se vulneraron garantías constitucionales y que la decisión de la Corte mendocina contradice tratados internacionales de protección a la mujer. Ahora será el máximo tribunal del país quien tenga la última palabra.