No cierra. La explicación de Manuel Adorni sobre sus posibilidades materiales de sostener el nivel de gastos que exhibe desde que es funcionario público, basada en la aparición de un misterioso pen drive, no parece tener demasiado margen para sostenerse en el tiempo. Y genera serios resquemores incluso dentro de un gabinete integrado, en muchos casos, por especialistas en economía, finanzas e inversiones.

El mundo cripto en Argentina, especialmente cuando involucra a funcionarios públicos, es visto como una zona donde muchas veces aparecen más preguntas que certezas. Algo explicable en un país que durante las últimas décadas pasó más tiempo restringiendo la compra de divisas que facilitándola. Pero esa realidad no alcanza para justificar la situación del jefe de Gabinete.

Los cuestionamientos son varios. El primero es que Adorni reconoció haber mantenido dinero no declarado. Según su nueva explicación, él y su esposa tenían ahorros en negro y, al momento de asumir como funcionario público en diciembre de 2023, contaba con un activo financiero de aproximadamente US$ 500.000 que no figuraba en declaraciones anteriores.

La definición es incómoda: si esos fondos no fueron informados al fisco, existió una evasión impositiva. El segundo punto está vinculado al monto y al plazo de la operación. Adorni sostiene que entre 2013 y 2018 invirtió aproximadamente US$ 200.000 en bitcoin y obtuvo ganancias cercanas a US$ 300.000, alcanzando un patrimonio cripto de unos US$ 500.000.

Según explicó, colocó la totalidad del dinero que encontró tras el fallecimiento de su padre en esa criptomoneda. De ser cierta, se trataría de una apuesta extraordinariamente arriesgada para una tecnología que en aquellos años todavía estaba lejos de ser una alternativa masiva de inversión. Resulta llamativo, sobre todo porque Adorni se presentó durante años como alguien vinculado al análisis económico y financiero.

En ese período existían otras alternativas dentro del mercado de capitales, incluso opciones dolarizadas. Hasta 2019, bitcoin era una inversión marginal dentro de las carteras tradicionales y estaba reservada para un pequeño universo de inversores. El tercer punto es la propia relación de Adorni con el mundo cripto.

El jefe de Gabinete participó en dos encuentros públicos, uno en 2017 para la exchange Lemon y otro en 2021 junto a Miguel Boggiano, donde reconocía desconocer el funcionamiento del ecosistema cripto y afirmaba que, si alguna vez invertía, no lo haría con todos sus ahorros. Puede haber cambiado de opinión con el tiempo. El problema es que en aquellas intervenciones mostraba conocimientos técnicos muy alejados de alguien que, según su versión actual, decidió apostar todos sus ahorros a bitcoin en sus primeros años.

¿Billeteras, exchanges y fechas? También existen dudas sobre las pruebas de las operaciones. Adorni no difundió públicamente información completa sobre billeteras, exchanges utilizados, fechas exactas de compra y venta ni documentación que permita reconstruir toda la operatoria.

El jefe de Gabinete afirma que existen registros verificables, pero no los expuso ante el público ni ante la Justicia. Especialistas señalan que en este tipo de operaciones la trazabilidad resulta fundamental y que algunos registros pueden ser difíciles de validar si no existe una reconstrucción completa del recorrido del dinero. La discusión política también cambió de eje.

La estrategia defensiva de Adorni consiste en afirmar que el dinero provino de ahorros e inversiones realizadas antes de su ingreso al Estado y que no tiene relación con hechos de corrupción. Sus críticos sostienen que admitir fondos no declarados implica reconocer una evasión fiscal. El debate pasó entonces de una posible investigación por enriquecimiento ilícito a una discusión sobre la existencia de dinero no declarado.

Hay, además, un dato particular. Adorni aseguró que la ganancia de bitcoin se produjo en 2018. Eso implica que, para la administración tributaria, se trataría de un período prescripto para determinados reclamos.

De esta manera, el impacto fiscal sería mucho menor que si la evasión correspondiera a ejercicios más recientes. La Agencia de Recaudación podría reclamar impuestos patrimoniales y multas, pero no puede determinar el origen de esos fondos. Esa tarea corresponde a la Justicia que investiga su patrimonio, con el juez Ariel Lijo a cargo del expediente.

La situación es compleja para el público de a pie. Especialmente para monotributistas, autónomos y pequeñas empresas que pelean cada mes para cumplir con sus obligaciones fiscales y evitar sanciones o embargos por parte del Estado. Pero probablemente, durante un tiempo, Manuel Adorni pueda empatar contra la Justicia.

El problema pasa por otro lado. Más importante. Lady Market ya fue mencionada en este espacio.

La influencer financiera, habitué de la red X donde tiene más de 178.000 seguidores, es conocida por dos episodios: haber sido recibida durante una hora por Javier Milei al inicio de su gestión y por haber denunciado el caso $Libra el mismo viernes 14 de febrero de 2025. Seria, liberal y directa, habló del caso la semana pasada a través de X, respondiendo una pregunta sobre si era posible que el jefe de Gabinete hubiera amasado semejante cantidad de dólares invirtiendo en bitcoin durante esos años. “No es imposible dependiendo el momento donde compró y vendió. Eso habría que trazarlo”, escribió.

Pero agregó que el verdadero problema era otro: “Teniendo medio palo verde, ¿vas a vivir como vivía antes de ser funcionario público con un crédito del IVC para personas de clase baja? Ahí está el tema”. Y concluyó: “Adorni va a zafar judicialmente de alguna forma, pero la condena social ya está hecha.

Y eso casi nunca tiene retorno”. Es verdad. No tiene retorno.