El legislador provincial del Pro, Oscar Agost Carreño, presentó en la Unicameral un proyecto de ley que propone incorporar en el Ministerio Público Fiscal (MPF) la figura de “fiscales regionales” por cada una de las 10 circunscripciones judiciales en que está dividida la Provincia de Córdoba. Pero, además y como innovación central, propone un mecanismo de elección popular previa para su designación. La iniciativa plantea modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal para sumar una estructura de coordinación territorial de la política criminal. El objetivo es descentralizar la toma de decisiones y adaptar la persecución penal a las particularidades de cada región. La creación de una nueva estructura en el andamiaje del MPF, por debajo de la Fiscalía General y por encima del resto de fiscales podría ser interpretada como una dilución del poder que posee por sus funciones el Fiscal General. Consultado sobre ese aspecto, Agost Carreño explicó que no es su objetivo sino que procura el diseño de políticas criminales específicas según la problemática delictiva particular de cada región. “No es lo mismo la usurpación de terrenos en Cruz del Eje, los asaltos a mano armada en Río Cuarto o el robo de ganado en el sur provincial”, puso como ejemplo. Qué propone el proyecto El texto crea el cargo de Fiscal Regional por Circunscripción Judicial, cuyas atribuciones serán: definir prioridades de persecución penal según las características locales, coordinar la actuación de fiscales dentro de la circunscripción, producir información criminal regional y elevar informes periódicos, articular con autoridades locales, fuerzas de seguridad y organismos públicos, impulsar mecanismos de atención a víctimas y vínculo con la comunidad. Según los fundamentos, la iniciativa busca corregir una conducción “predominantemente centralizada”, que limitaría la capacidad de responder a realidades criminológicas diversas dentro de la provincia. Elección popular previa Uno de los puntos más novedosos del proyecto es la incorporación de un procedimiento de elección popular previo a la designación formal del fiscal regional. Sería una votación directa, secreta y voluntaria, con boleta única, sin participación de partidos ni símbolos partidarios y organizado por la justicia electoral provincial. El resultado de esa elección no designaría automáticamente al funcionario, pero debería ser considerado como antecedente relevante durante el proceso formal de nombramiento, que seguiría el régimen constitucional vigente para el nombramiento de los fiscales. Para postularse, los aspirantes deberán reunir avales ciudadanos equivalentes al 1% del padrón de la circunscripción y cumplir requisitos de idoneidad técnica, antecedentes en materia penal y residencia prolongada en la región. Si se presenta un fiscal en ejercicio, tendrá licencia mientras dure su mandato como fiscal regional. En efecto, el proyecto fija una duración de cuatro años en la función, con posibilidad de una reelección consecutiva, sin afectar la estabilidad del cargo que posea. Finalizado ese período, el funcionario continuaría dentro del Ministerio Público Fiscal. La iniciativa también crea un Consejo de Coordinación de Política de Persecución Penal, integrado por el Fiscal General, los adjuntos y los fiscales regionales, con el objetivo de armonizar estrategias y evaluar políticas criminales. En los fundamentos, el legislador sostiene que la reforma busca incorporar la participación ciudadana sin transformar la elección popular en un mecanismo partidario ni alterar el régimen constitucional de designación de fiscales. Podría ser un modelo como experiencia preliminar para futuros debates sobre mecanismos de legitimación democrática dentro del sistema judicial provincial.