Un juez federal de Estados Unidos ordenó este viernes que el nombre del presidente Donald Trump sea retirado del histórico John F. Kennedy Center for the Performing Arts y suspendió temporalmente el cierre de la institución cultural por dos años, una medida que había sido anunciada en el marco de un ambicioso proyecto de remodelación. La decisión fue tomada por el magistrado Christopher Cooper, quien concluyó que las autoridades del centro cultural excedieron las facultades que les otorga la ley al aprobar el cambio de nombre del organismo sin autorización del Congreso estadounidense. Según el fallo, el Kennedy Center fue creado y nombrado oficialmente por una ley federal en homenaje al expresidente John F. Kennedy, por lo que cualquier modificación de esa denominación debe ser aprobada por el Poder Legislativo. “El estatuto del Kennedy Center deja absolutamente claro que el centro debe llevar el nombre del presidente Kennedy y no puede tener ninguna otra denominación formal basada únicamente en la decisión de su junta directiva”, escribió Cooper en su resolución. “El Congreso le dio su nombre al Kennedy Center y solo el Congreso puede cambiarlo”. Horas después del fallo judicial, Trump anunció que renunciará al control del Kennedy Center. A través de una extensa publicación en su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que trabajará junto al Congreso para transferir nuevamente la administración de la institución cultural. “Vamos a trabajar con el Congreso para transferir esta institución fracasada de nuevo a ellos, para que puedan decidir qué hacer con ella”, escribió el presidente. La polémica se había desatado a fines de 2025, cuando la junta directiva del centro —integrada mayoritariamente por aliados políticos de Trump luego de una profunda reestructuración impulsada por la Casa Blanca— aprobó rebautizar el complejo cultural como “Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”. La medida generó fuertes cuestionamientos por parte de legisladores demócratas, artistas y organizaciones vinculadas a la preservación histórica. La demanda que dio origen al fallo fue presentada por la congresista demócrata Joyce Beatty, integrante de la junta del Kennedy Center. Beatty sostuvo que la modificación violaba la legislación federal que regula la institución y desvirtuaba el propósito original del memorial dedicado a Kennedy. Además de ordenar que se eliminen los carteles y referencias oficiales al llamado “Trump Kennedy Center” en un plazo de 14 días, el juez suspendió el cierre del edificio previsto para julio. La administración del centro había argumentado que la clausura era necesaria para ejecutar obras valuadas en unos 257 millones de dólares destinadas a reparar problemas estructurales y modernizar las instalaciones. Sin embargo, Cooper consideró que la decisión de cerrar el complejo no había sido suficientemente fundamentada y que la junta directiva no evaluó adecuadamente las consecuencias culturales, artísticas y patrimoniales de una interrupción tan prolongada de las actividades. El fallo representa un nuevo revés judicial para Trump en medio de una serie de controversias vinculadas a su influencia sobre instituciones federales y espacios simbólicos de Washington.