El escándalo político que generó el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, con sus viajes extravagantes y la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas a partir de la compra de un departamento con una hipoteca sospechosa, ha tenido como primer resultado una evidente parálisis del gobierno que integra. Luego de un comienzo de año próspero, si se tiene en cuenta que en las sesiones extraordinarias de febrero el oficialismo logró aprobar cómodamente la llamada modernización laboral, entre otros proyectos de buen porte político que también avanzaron, la administración nacional pareció entrar en un callejón sin salida ante el tropiezo de una de las figuras surgidas con el libertarismo y enfocada a constituirse en uno de sus emblemas. Y en una jugada muy arriesgada, producto, según las versiones, de una interna bastante virulenta en el entorno presidencial, el propio titular del Poder Ejecutivo no sólo salió a defender a su jefe de Gabinete sino que, además, forzó reuniones del gabinete con el propósito de apuntalar al golpeado Adorni y dejar trascender que todos los ministros están normalmente bajo sus órdenes, como si nada hubiese ocurrido.

Algo que es lógico mientras el apuntado funcionario esté en su cargo. Lo que deberá aceptar el oficialismo es el inevitable debate político que el caso genera. Con más razón tratándose del funcionario que, por imperio de la Constitución, deberia concurrir mensualmente al Congreso para informar sobre el rumbo de la gestión.

Probablemente la oposición plantee la necesidad de una interpelación formal, al margen de la mencionada concurrencia del jefe de ministros a las cámaras, situación a la que es probable que el oficialismo se oponga argumentando que el caso se encuentra bajo investigación judicial. Una situación totalmente desafortunada para el Gobierno, que pudo ser evitada a tiempo, y que se suma a la causa de la criptomoneda $Libra, que involucra directamente al presidente de la Nación, Discapacidad y la polémica toma de créditos hipotecarios por parte de funcionarios públicos. El caso puntual que involucra a Manuel Adorni apunta directamente al corazón del ideario libertario en su capítulo de austeridad en el ejercicio de la función pública.

Lo mínimo que se puede exigir del funcionario marcado por el escándalo es una toma de distancia, aunque sea temporaria, de su función, mientras la justicia determina su grado de involucramiento en los casos que salieron a la luz y lo dejaron muy mal parado. El Gobierno debería dar vuelta esa página borrosa por dos motivos principales: para permitir que desde el llano el funcionario sospechado de corrupción pueda ejercer sin presiones su derecho a defensa y para que, principalmente, la justicia obre sin las presiones políticas que inevitablemente salen a la superficie ante este tipo de casos.