La Justicia condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a un extesorero del Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina. Lo hizo tras encontrarlo responsable de desviar fondos públicos correspondientes al canon que debía pagar una empresa concesionaria por el uso de un predio estatal en el que funcionaba Mundo Marino, en la localidad bonaerense de San Clemente del Tuyú, durante el año 2015. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de la Ciudad de Buenos Aires, que además le impuso al capitán de corbeta Andrés Ramón Tapia Ruiz, de 44 años, una pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación económica de 274.696.471 pesos.

Las juezas Sabrina Namer y Gabriela Iníguez y el juez Nicolás Toselli consideraron a Tapia Ruiz autor penalmente responsable del delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal, en el marco de un juicio oral que había comenzado el 10 de febrero pasado. Los fundamentos completos del fallo, según precisó el sitio fiscales.gob.ar, serán difundidos el próximo 17 de abril. De acuerdo con lo que se acreditó durante el debate, Tapia Ruiz se apropió entre noviembre y diciembre de 2015 de una suma cercana a los dos millones de pesos, vinculada al canon anual que debía abonar la empresa Mundo Marino por un terreno perteneciente a la Armada en el que funcionó el parque Bahía Aventura, a través de un convenio de uso compartido firmado en 1997.

Durante su alegato, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado desplegó una serie de maniobras destinadas a evitar que esos fondos ingresaran a la cuenta recaudadora o escritural del organismo, desde la cual no habría podido disponer del dinero. En cambio, logró que los pagos fueran canalizados directamente a su control, a partir de supuestos cambios en la modalidad de cobro que, según la investigación, nunca existieron. La acusación detalló que Tapia Ruiz indujo a la empresa concesionaria a efectuar los pagos mediante cheques, pese a que el sistema habitual era la transferencia bancaria.

Luego de endosar esos valores, los hizo circular a través de terceros y gestionó la emisión de nuevos cheques tras un primer rechazo, hasta que finalmente el dinero fue depositado en una cuenta privada sin pasar por las arcas estatales. A su vez, entregó comprobantes de pago que no eran auténticos, con el fin de justificar las operaciones. Según informó fiscales.gob.ar, la sentencia se alineó con lo solicitado por la Fiscalía General Nº 8 ante los Tribunales Orales Federales, que consideró probado el perjuicio ocasionado al Estado.

ES