A veces, el clima de la política replica en la calle. Otras veces, no. El Gobierno atraviesa hoy ese desacople. Desde el recambio legislativo, no solo mejoró su número en los recintos: también aprendió la lección de los dos primeros años y entendió que construir mayorías exige algo que el mileísmo había despreciado en su origen: paciencia negociadora y acuerdos con sectores de la oposición. La sesión del jueves en Diputados —que en rigor terminó en la madrugada del viernes— revalidó la foto de una semana antes. El Congreso ahora acompaña a Javier Milei y ese viento a favor le permite avanzar con reformas estructurales. Sin embargo, a diferencia de otras victorias parlamentarias, esta vez el oficialismo perdió terreno donde suele ser más fuerte: la percepción pública de sus iniciativas. Aun con el maquillaje retórico con el que fue presentada, la reforma laboral empezó a acumular rechazos incluso sin una campaña sindical organizada. La llamada “batalla cultural”, terreno donde La Libertad Avanza había logrado ordenar el debate público, esta vez le jugó en contra. El cierre de FATE irrumpió entonces como un hecho político inesperado. La clausura de una empresa de magnitud fue una bomba que atravesó el debate legislativo y coincidió con el paro general de la CGT, probablemente el más exitoso —por nivel de adhesión— de los cuatro realizados durante la era Milei. La crisis industrial dejó de ser un dato abstracto de planillas estadísticas —uso de capacidad instalada, productividad o costos laborales— para transformarse en el drama concreto de casi mil despidos. Un poder de interpelación mucho mayor que cualquier discusión en redes sociales. El Gobierno apeló a su manual habitual: construir villanos. Los gremios resistentes a la modernización y el empresario Javier Madanes Quintanilla, acusado desde el oficialismo, en X, de buscar ocasionar un daño político. Pero la estrategia, efectiva en otras ocasiones, esta vez no logró imponer el marco interpretativo. Este manual había funcionado, por ejemplo, durante la discusión por el financiamiento educativo, cuando el eje pasó de las partidas universitarias a la supuesta negativa de la UBA a ser auditada. En otros episodios, el oficialismo capitalizó la baja valoración social de sus adversarios ocasionales. Los sindicalistas, históricamente, eran un blanco cómodo. Esta vez no alcanzó. Un relevamiento nacional de la consultora Zentrix mostró que el 71,9% de los encuestados apoyó el paro general, mientras que el respaldo a la reforma laboral cayó casi siete puntos en tres meses: del 55% en noviembre al 48,6% en febrero, con un rechazo que trepó al 45,2%. Otro estudio, de Enter Comunicación, analizó la conversación digital sobre el conflicto. Aunque predominó la neutralidad, entre quienes expresaron opiniones personales la mayoría se manifestó contra la reforma y a favor del paro. “Narrativas opositora: este sector concentró sus mensajes en la defensa de los derechos adquiridos y en fuertes cuestionamientos hacia los legisladores que votaron a favor de la reforma”, menciona el trabajo que recopiló interacciones en X, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Threads y blogs. En el relevamiento registró “mínima presencia oficialista”: las expresiones a favor del proyecto gubernamental o en rechazo a la medida de fuerza fueron marginales, alcanzando apenas un 5,3%. En el Senado, la discusión había orbitado alrededor de aspectos accesorios —cuestiones fiscales, aportes sectoriales, disputas entre bancos y fintech—. Una vez despejadas esas concesiones, emergió el núcleo del proyecto: la regulación de las relaciones laborales. Allí el foco se posó, también, sobre el polémico artículo 44 sobre licencias, finalmente retirado. La reforma empezó entonces a discutirse fuera del Congreso, en los lugares de trabajo. Y la fórmula libertaria del sacrificio presente a cambio de prosperidad futura comenzó a generar reparos. El proyecto recorta beneficios de trabajadores registrados bajo la supuesto de que incentivará la formalización del empleo informal, empleados que hoy están en negro y, por ende, no gozan de derechos. El crecimiento de la informalidad aparece como diagnóstico; la flexibilización, como remedio. Es una lógica de pura cepa mileísta: resignar “privilegios” hoy a cambio de prosperidad futura. Pero las mejoras macroeconómicas todavía no llegan con claridad al bolsillo y, como señaló el exviceministro Emmanuel Álvarez Agis, el Gobierno parece elevar el “ratio de sacrificio”. El cierre de FATE lo dejó en evidencia: la apertura sin matices y sin protección lleva al colapso de empresas nacionales. Desde ya, los problemas de la industria del neumático no son nuevas y la baja de precios del mercado a raíz del ingreso de productos importados también son hechos evidentes, que benefician a consumidores. La cuestión aquí se desdobla. En primer lugar, asoma la pregunta de cuál es la línea de equilibrio entre la competitividad en las fábricas y el costo social. En segundo, el punto que se insertó en el debate de la norma: sin consumo y con las industrias a la baja, difícil que suba el empleo formal, por más beneficios fiscales, judiciales y rebaja de costos laborales que introduzca la ley. A FATE se sumaron otras señales preocupantes, como la parada de planta de Stellantis en El Palomar, donde se fabrican los Peugeot 208 y 2008, con empleados que percibirán un 70% del salario hasta que el 2 de marzo se reactive la operatoria con normalidad. También está frenada la fábrica de Renault en Córdoba, que retomará la actividad este miércoles. Aunque, en la empresa aclaran que la parada “estaba prevista en el planning industrial anual”. El dato no es menor si se tiene en cuenta que en el uso de capacidad instalada de diciembre (el más bajo en 21 meses a nivel general), las automotrices cerraron el listado con el 31,2% de operatividad, cuatro puntos menos que las textiles. Quizás vale una aclaración: la automotriz es una industria que se sobredimensionó hace una década, al calor de los récords de patentamientos de 2013 y con proyecciones sobre el mercado brasileño –principal destino de exportación- que lejos estuvieron de cumplirse. Hoy el sector tiene una capacidad instalada de 1,3 millones de unidades. Los últimos dos años la producción merodeó las 500 mil unidades. Y el máximo histórico fue 828 mil unidades, en 2011. Hoy las automotrices vienen con tensiones: dólar atrasado (otra vez), alta carga impositiva y competencia china no tanto en estas pampas como en los destinos de exportación. Aliados y un PJ sin rumbo Incluso aliados del oficialismo admiten en privado que el Gobierno “se pasó de rosca” en la lectura de su fortaleza política. Aun así, La Libertad Avanza logró articular apoyos de provincialismos, peronismo dialoguista y parte de la UCR. No prosperaron las modificaciones impulsadas por el PJ duro, la izquierda y Encuentro Federal. La reforma se encamina así a convertirse en ley con amplias mayorías parlamentarias, pese al recelo creciente entre trabajadores registrados, que miran con nostalgia lo que empieza a ser el pasado. Vale doble, entonces, la labor en lo político de las espadas negociadoras: Diego Santilli, Manuel Adorni, Karina Milei, la foto del palco de Diputados. La de los ganadores. Patricia Bullrich había sido clave en el Senado. Esa discordancia entre los apoyos políticos y el malhumor social tiene un punto contemplado por el Gobierno: en el extremo, es preferible pagar ahora los costos políticos, cuando falta una eternidad para 2027, dicen funcionarios de primera línea. Esta etapa acuerdista de LLA contrasta frente al peronismo, donde no hay consensos siquiera por la estrategia parlamentaria, como se lamentaba un importante dirigente del partido. En el PJ son muchos los cabizbajos que creen que la reforma laboral fue una posibilidad perdida para relanzar la representación de sectores de trabajadores. Siguen las internas, pero incluso en un impasse brotan las decepciones porque “no hay rumbo a donde ir”. “Por más que estemos todos juntos, no tiene sentido”, señalaba otro peronista que clama por claridad en la conducción. La esperanza opositora sigue siendo la misma desde el inicio de la gestión: que la economía real genere el desgaste que la política no logra producir. Hasta ahora, esa apuesta falló. Incluso en momentos de mayor turbulencia, en la previa de las elecciones de octubre, LLA contó para sí con el poder de fuego de la administración Trump. La alternativa del PJ sigue lejos de la autocrítica profunda. Con este impulso, Milei llegará al 1 de marzo, apertura de sesiones ordinarias (casi con seguridad el mismo domingo a la noche), con la reforma laboral como trofeo político. En Balcarce 50 anticipan un discurso de balance y hoja de ruta. Se espera que, bajo este calor -mientras dure-, el Gobierno busque acelerar la reforma del Código Penal, la reforma fiscal y leyes de modernización del Estado, para seguir el camino de la descentralización. El Gobierno logró lo que parecía imposible hace un año: un Congreso alineado. La incógnita ya no está en el Parlamento, sino afuera. Porque el mileísmo empieza a descubrir que ganar las votaciones no siempre significa ganar el clima social.