Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha autorizado temporalmente al estado de Texas a poner en marcha varios de los principales apartados de una legislación que amplía competencias de las autoridades estatales para actuar contra la inmigración irregular en la frontera con México. La decisión, adoptada por dos votos frente a uno por un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, deja sin efecto por el momento la medida cautelar dictada el pasado 14 de mayo por un juez federal en el marco de una demanda colectiva promovida por organizaciones defensoras de los derechos civiles en representación de miles de personas potencialmente afectadas por la norma. PUBLICIDAD El juez federal David Ezra, con sede en Austin, había paralizado la aplicación de la ley al considerar que invadía atribuciones reservadas históricamente al Gobierno federal en ámbitos como la política migratoria, los procesos de naturalización y las deportaciones. Sin embargo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, recurrió rápidamente dicha resolución, lo que ha desembocado en el pronunciamiento emitido este viernes por el tribunal de apelaciones. Tras conocerse el fallo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), su delegación en Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas han expresado su rechazo a la decisión judicial, asegurando en una declaración conjunta que "seguirán luchando contra esta ley abominable y flagrantemente ilegal". PUBLICIDAD En cambio, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha celebrado la resolución como "una gran victoria en materia de seguridad fronteriza" para Texas, al convertir el "ingreso ilegal" al estado en un delito estatal. El litigio busca impedir la entrada en vigor de varios apartados de la ley SB 4, aprobada en 2023 con respaldo republicano. La normativa ya había superado otro obstáculo judicial en abril, cuando el Quinto Circuito revocó una suspensión previa que había permanecido vigente durante la Administración del expresidente Joe Biden. PUBLICIDAD La demanda presentada inicialmente por el Gobierno de Biden contra la legislación fue posteriormente retirada por la Administración Trump. No obstante, varias organizaciones de defensa de los inmigrantes mantuvieron sus acciones legales, aunque el propio tribunal de apelaciones determinó, por diez votos frente a siete, que estos grupos carecían de legitimación suficiente para continuar con el procedimiento. "Seguiremos luchando en los tribunales, trabajando con el presidente Trump y haciendo todo lo necesario para asegurar nuestra frontera y proteger a los tejanos", ha apostillado Abbott. Entre las medidas cuestionadas figura la creación de un delito estatal para quienes regresen a Estados Unidos tras haber sido deportados, incluso en casos en los que dispongan de autorización federal para hacerlo o hayan obtenido posteriormente la residencia permanente. Asimismo, la norma concede a jueces de paz de Texas la capacidad de emitir órdenes de deportación. PUBLICIDAD