Iván Cepeda (candidato del oficialismo). El representante del Pacto Histórico busca consolidar y profundizar las reformas estructurales de corte progresista. Su programa se articula sobre la base de una transformación del modelo económico extractivista hacia una economía productiva y equitativa.

Estructura del Estado y Anticorrupción: Cepeda propone mantener la estructura del Estado, pero descentralizarlo para poder atender a las necesidades de cada región. En materia de transparencia, se comprometió a ser “implacable” con una política de cero tolerancia a la corrupción, prometiendo reformas de control fiscal independientes “caiga quien caiga”. En cuanto a la inseguridad, es un defensor histórico de soluciones negociadas.

El eje de su agenda de orden público se mantiene en la implementación integral del Acuerdo de Paz y la desarticulación de bandas criminales mediante procesos de sometimiento judicial y diálogo social. En lo económico ofrece fortalecer la banca pública para otorgar créditos a pequeños agricultores y cooperativas. Además, defiende la continuidad de la transición energética regulada, limitando la dependencia de hidrocarburos y gravando los grandes capitales para financiar la educación pública superior gratuita y un sistema de salud eminentemente preventivo y administrado por el Estado.

Abelardo de la Espriella (ultraderecha). El polémico abogado penalista del partido Defensores de la Patria irrumpió en el escenario electoral presentándose como la alternativa de la “derecha sin complejos”. Su discurso, de “mano dura” contra la inseguridad y libertad de mercado, caló con fuerza en los sectores desencantados con la política tradicional.

Bajo la bandera del orden radical, De la Espriella propone una reestructuración de la fuerza pública, dotando a las Fuerzas Militares y a la Policía de mayor respaldo jurídico para el combate de los grupos armados ilegales. Plantea la construcción de megacárceles de máxima seguridad, el endurecimiento de penas para delitos menores y reformas para facilitar el porte legal de armas en defensa propia para los ciudadanos. Su programa económico plantea un “choque de austeridad”.

Aboga por la reducción drástica del aparato estatal mediante la fusión o eliminación de ministerios, la baja generalizada de impuestos corporativos para incentivar la inversión extranjera y la privatización de entidades estatales ineficientes. Promueve un libre mercado absoluto con la tesis de que la generación de empleo privado es el único camino real para erradicar la pobreza. También quiere aplicar una política migratoria estricta, condicionando la permanencia de extranjeros a la ausencia de antecedentes judiciales.

Paloma Valencia (centroderecha). Apoyada de manera decidida por las bases tradicionales del uribismo, la senadora abandera un proyecto político institucional que combina la doctrina de la “Seguridad Democrática” con reformas para el desarrollo del sector privado y rural. El corazón de su propuesta económica está enfocado en la reactivación agroindustrial.

Valencia plantea la creación de un sistema de titulación masiva de tierras para campesinos, acompañado de subsidios directos a insumos agrícolas y la eliminación de intermediarios en la comercialización. Defiende con firmeza la propiedad privada frente a las tensiones de tierras en el país. A diferencia del enfoque penal individual de De la Espriella, Valencia propone un esquema de control territorial institucional.

Esto implica fortalecer la presencia militar fija en las zonas rurales cocaleras, retomar la erradicación de cultivos ilícitos combinando métodos de precisión y reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para evitar lo que considera desequilibrios judiciales. En el plano social, impulsa el modelo de “bonos escolares”, permitiendo que familias de bajos recursos utilicen fondos públicos para financiar la educación de sus hijos en colegios privados de alta calidad. Propone, además, optimizar los subsidios estatales unificándolos en un solo sistema de transferencias, pero ligados al rendimiento escolar y laboral.