Por Paul Segal (IAE Business School) (*) En el Siglo 21, América Latina logró lo que durante décadas pareció imposible: estabilidad macroeconómica. Y, sin embargo, no creció. Ese es el problema central que el Banco Mundial pone sobre la mesa en su nuevo informe para la región. Concluye que la estabilidad no alcanza y que se necesita una política industrial efectiva, algo que ningún manual de estabilización hubiera anticipado hace veinte años. Hoy la región no está en crisis. Está en un equilibrio de bajo crecimiento: expansión modesta, productividad débil y mercados laborales dominados por la informalidad y empleo de baja calidad. El diagnóstico del Banco Mundial es claro, el problema de fondo es estructural. Las empresas invierten poco, las tecnologías no se difunden lo suficiente y muchas economías siguen atrapadas en actividades de baja productividad. La estabilidad macro es necesaria, pero no alcanza. ¿Qué es lo que sí alcanza? La evidencia histórica e internacional sugiere que para hacer más atractiva la inversión, no basta con eliminar regulaciones y «ordenar los precios». Se necesita un Estado que provea infraestructura y bienes públicos de calidad, pero también intervenciones más específicas: facilitar la adopción y difusión de tecnologías, coordinar inversiones complementarias y apoyar innovaciones adaptadas a las condiciones locales. Estas son funciones que los mercados, por sí solos, no realizan. El propio Banco Mundial señala obstáculos como fallas de coordinación, externalidades de aprendizaje y déficits de información, y propone instrumentos como servicios de extensión tecnológica, plataformas de colaboración público-privada, promoción de exportaciones y sistemas de innovación más articulados. Todo ello requiere capacidad estatal. El problema es que la capacidad estatal no se improvisa. La brecha de capacidades entre América Latina y Asia Oriental esta particularmente marcada en la frontera tecnológica. Asia Oriental concentra aproximadamente la mitad de las universidades líderes del mundo en rankings de innovación, mientras que América Latina prácticamente no aparece. Dato - 35 - Los proyectos mineros en torno al litio en Argentina, en diversas fases de explotación. Una de las consecuencias se ve en los recursos humanos: entre el 25% y el 35% de las firmas en América Latina señalan que la falta de personal calificado limita su expansión, frente a alrededor del 7% en Asia. Pero la diferencia no es solo de educación. Es de décadas de inversión pública en instituciones que conectan el conocimiento con la producción. Asia construyó esas instituciones y América Latina, en muchos casos, las desmanteló. Tres casos de éxito Brasil ofrece el contraste más ilustrativo dentro de la región. EMBRAPA, su instituto de investigación agrícola, transformó vastas regiones improductivas en una potencia agroexportadora precisamente porque el Estado invirtió de forma sostenida en capacidades científicas descentralizadas, y en su articulación con el sector privado. El mismo Brasil que construyó EMBRAPA fracasó en la industria naval porque subsidió sin construir capacidades y las empresas nunca desarrollaron la absorción tecnológica necesaria para sobrevivir sin apoyo estatal. La distinción importa: no es el gasto lo que genera capacidad productiva, sino la institución que lo organiza. Esto lleva al punto central: la capacidad estatal no es un dato, es una construcción. Es clave adoptar políticas activas que permitan construir las capacidades para sostener la inversión privada y la adopción de nuevas tecnologías. La experiencia de México a mediados del Siglo XX lo ilustra bien. Como muestra la historiadora económica y empresaria Aurora Gómez-Galvarriato, el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas (IMIT) fue creado mediante una acción pública deliberada, impulsada por el Banco de México y bancos de desarrollo. El instituto ayudó a las empresas a adoptar tecnologías, ofreció investigación aplicada y contribuyó a innovaciones. Entre sus aportes más concretos, el IMIT desarrolló procesos para la producción de harina de maíz estabilizada que sirvieron de base para plantas industriales en México y en el exterior, además de tecnologías para aprovechar residuos agrícolas como el henequén y el bagazo de caña. Fue una pieza clave en la construcción de capacidades tecnológicas donde antes no existían. Ese tipo de capacidades lleva años en construirse. Requiere financiamiento, coordinación, formación técnica y continuidad institucional. No surge espontáneamente del mercado, ni puede reconstruirse rápidamente una vez perdido. La distinción importa: no es el gasto lo que genera capacidad productiva, sino la institución que lo organiza. La capacidad estatal no es un dato, es una construcción. El IMIT era exactamente ese tipo de institución —parte de la infraestructura productiva del país durante el llamado milagro mexicano—. Fue desmantelado en la década de 1990, en un giro neoliberal que tendió a ver estas instituciones más como costos que como inversiones. La experiencia posterior no confirma esa apuesta: desde entonces, México ha registrado un crecimiento per cápita débil incluso para los estándares latinoamericanos, y muy inferior al de su propia etapa de industrialización de mediados del siglo XX. Corea del Sur no construyó una industria siderúrgica mundial dejando todo al mercado: creó POSCO como empresa estatal, contra el consejo del Banco Mundial, y la rodeó de instituciones, crédito dirigido y requisitos de desempeño. Hay aquí una ironía: el mismo Banco Mundial que hoy recomienda fortalecer la capacidad estatal para la política industrial aconsejó en su momento no crear POSCO. La evidencia terminó dándole la razón a Corea. La oportunidad argentina El litio argentino podría seguir una lógica similar, si existen las instituciones para sostenerla. Argentina enfrenta hoy el riesgo de repetir el error mexicano. Los recursos minerales del país —incluido el litio y otros insumos clave para la transición energética— no son solo una fuente de divisas. El propio Banco Mundial señala que la región concentra alrededor del 50% de las reservas mundiales de litio, pero advierte que esa riqueza no es en sí misma una garantía de desarrollo. Lo que determina si un recurso natural genera capacidades productivas o simplemente rentas extractivas es la existencia de ecosistemas de innovación que vinculen empresas mineras, proveedores locales, universidades e instituciones públicas. El INTI, el sistema científico y las universidades públicas, son el ecosistema que puede hacer posible que una oportunidad como el litio, sea realidad. En Argentina, el Banco Mundial trabaja junto con empresas mineras y universidades para identificar perfiles de calificación asociados a los nuevos proyectos de litio y traducirlos en trayectorias de formación vinculadas a contratación efectiva. Es exactamente el tipo de coordinación institucional que el INTI, el sistema científico y las universidades públicas están en condiciones de sostener —si no se los debilita antes de que la oportunidad madure. La función de estas instituciones va más allá del gasto corriente, ya que son parte de la infraestructura productiva. Su debilitamiento puede aliviar restricciones fiscales en el corto plazo, pero también puede cerrar las ventanas de oportunidad que la transición energética está abriendo. La política industrial en la región ha tenido resultados mixtos en el pasado. Pero eso es una razón para mejorarla, no para descartarla. La clave es construir las capacidades que permitan sostener la inversión privada y la adopción de nuevas tecnologías. Sin eso, será difícil superar los problemas de baja inversión y baja productividad que caracterizan a la región. (*) Tomado de “Informe Económico Mensual (IEM) de IAE Business School” (Abril 2026)