El fondo Burford presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que tome el caso que impulsa contra la República Argentina por la expropiación de YPF. En concreto, pide a la Corte que revise la decisión de la Cámara de Apelaciones de rechazar la sentencia contra la República por u$s 16.000 millones a raíz de la expropiación de YPF. El fondo había anticipado su intención de avanzar por distintos frentes luego de la decisión de la Cámara.

Hace quince días, Burford también realizó su presentación ante el tribunal internacional de mediaciones bajo control del Banco Mundial, el CIADI. El 27 de marzo pasado, la Cámara de Apelaciones revirtió el fallo en contra del país de la jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito de Nueva York. Además, rechazó el pedido del fondo de hacer una revisión en banc, que solicita a todos los jueces de la cámara el análisis del fallo.

El pedido ante la Corte Suprema no implica un derecho automático para que la misma tome el caso, sino que se la Corte deberá definir si lo analizará o no. Por cada período de sesión, la Corte recibe hasta 8000 pedidos. De ellos, suele aceptar hasta 80 pedidos, en promedio.

No hay un plazo estipulado para que la Corte defina si tomará el caso, y menos aún para que tome una decisión. Entre los motivos por los que la Corte puede decidir tomar o no un caso se encuentra la presencia de divergencias relevantes entre los tribunales estatales y federales. Según reveló el abogado Sebastián Maril, uno de los argumentos de Burford se sustenta en la disidencia del juez José Cabranes de la Cámara de Apelaciones.

Desde el Gobierno anticipaban este movimiento, anunciado por los demandantes, que avanzan por distintos frentes a la vez, y era uno de los escenarios bajo análisis. Argentina cuenta a su favor con el respaldo del Gobierno estadounidense, que se presentó como amicus curiae de la República, al plantear que un avance sobre el país dañaría el derecho de cortesía internacional que se establece entre los países, que otorga la protección de elementos soberanos. El pedido difiere del realizado ante el CIADI, ya que a este último se solicita revisar todo el proceso, por lo que Burford había solicitado el uso de la evidencia presentada en el primer proceso.

El arbitraje, cabe aclarar, no es una instancia judicial. Tradicionalmente es la instancia previa a llegar a un juicio, ya que sienta a las partes a negociar. En el caso de YPF, la instancia judicial fue la primera en desarrollarse. - Accedé a todos los análisis sin límite de lectura - Lectura sin publicidad - App + edición impresa incluidas - Acceso al foro de la comunidad Más Videos