Alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini, ambas instituciones dependientes de la Universidad de Buenos Aires, comenzarán una toma este martes desde las 22 horas por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue aprobada en votaciones realizadas en asambleas hechas en contraturno. Desde el centro de estudiantes advirtieron que la medida podría extenderse durante los próximos días, dependiendo de lo que se determine en las siguientes reuniones, detalló Clarín.

El reclamo ocurre exactamente dos semanas después de la marcha universitaria del 12 de mayo. Ona Morgenfeld, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, fue entrevistada por el medio antes citado, y remarcó que se trata de un conflicto que los viene “interpelando desde hace varios años”, agregando que “muchos estudiantes quedaron con ganas de seguir organizándose después de la movilización y por eso el centro de estudiantes convocó nuevas asambleas. Ahí se decidió tomar el colegio luego del turno vespertino”.

Sobre la continuidad de la toma, la joven expresó que se harán reuniones todos los días, donde se decidirá si la medida continúa o no, pero probablemente el jueves se levante porque los no docentes deben realizar sus elecciones y pidieron que puedan celebrarse con normalidad. En ese contexto, la toma podría continuar el viernes. Morgenfeld señaló que, desde el primer día, el Gobierno fue claro en su posición frente a la universidad pública, sin embargo, para ella y sus compañeros es fundamental mantener el reclamo y darle visibilidad pública a lo que ocurre.

Mientras dure la toma, los alumnos se quedarán dentro de las instalaciones, donde participarán de diferentes encuentros para discutir lo que pasa con las universidades argentinas. Morgenfeld reconoció que las repercusiones de la falta de financiamiento universitario ya se notan dentro del propio Nacional Buenos Aires, donde, según el testimonio que le brindó a Clarín, hay docentes que cobran “hasta un 30% menos que en otros colegios de la Ciudad y eso hace difícil sostener el plantel”. También hay profesores muy apreciados, reveló, que deben irse "porque no les alcanza para vivir".

La vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires cerró la entrevista revelando que, según información que recibieron, en Exactas más de 400 profesores presentaron su renuncia desde que arrancó el mandato de Milei. Docentes universitarios dieron clases públicas para pedir la aplicación de la Ley de Financiamiento Bajo el lema “señores jueces, que Milei cumpla la ley”, docentes, alumnos y autoridades de diferentes facultades participaron este 26 de mayo de una nueva jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales con el objetivo de defender el sistema universitario nacional y pedir que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795) que fue aprobada por el Congreso. Docentes universitarios dieron clases abiertas para visibilizar lo que denominaron el ajuste del Gobierno Nacional “que golpea salarios, becas, investigación” y afecta el “funcionamiento” de las universidades y de la comunidad. “Reclamamos una respuesta urgente”, detallaron.

También expusieron los diputados nacionales por el Partido Justicialista (PJ) Lucía Cámpora e Itaí Hagman; la abogada laboralista (UBA) y docente universitaria, Natalia Salvo; y el antropólogo, docente y secretario general del Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA), Pablo Perazzi. En declaraciones televisivas, el referente de FEDUBA expresó su punto de vista: “¿Cómo se explica que en dos años y medio hubo cuatro Marchas Universitarias como no ocurrió en décadas? La del martes pasado fue verdaderamente asombrosa la cantidad de pibes y pibas y de las columnas de estudiantes secundarios que ya están pensando en los estudios superiores”.

En ese contexto, reconoció: “Eso a nosotros nos da una esperanza y unas ganas de seguir dando clases como nunca”. Hasta ahora, el gobierno de Javier Milei remarca que no puede implementar la Ley de Financiamiento Universitario para no romper “el equilibrio fiscal”, justificando su posición en que la normativa “no especifica la fuente de financiamiento para los gastos operativos y salarios” que serán destinados a las universidades públicas. Para no aplicar esta ley, el Ejecutivo la suspendió por decreto.

Como contrapartida, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tras exigirle al Gobierno que cumpla con lo ordenado por el Congreso, decidió elevar un documento ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá dar el dictamen definitivo.