Una mujer compró una mesa de tres metros de largo para renovar su comedor, pero lo que comenzó como una compra por internet terminó en un conflicto judicial que se extendió durante más de cuatro años. Después de denunciar fallas de fabricación y reclamar una solución sin obtener una respuesta satisfactoria, la clienta llevó el caso a la Justicia y consiguió un fallo favorable. El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 6 de Mar del Plata condenó a la empresa fabricante y comercializadora de muebles a devolverle los $550.000 que había pagado, reconocerle los gastos de traslado y viaje e indemnizarla por daño moral con una suma equivalente a US$5.000. Además, impuso una multa civil calculada sobre la base de 20 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo tres. Cómo empezó el conflicto por la mesa de tres metros La operación se concretó por internet durante 2022. La compradora, de 57 años, eligió una mesa rectangular de tres metros de largo por 1,40 metros de ancho, fabricada en madera de guatambú y con terminación en color visón. El precio informado inicialmente era de $520.000, pero en el expediente quedó acreditado que la mujer desembolsó un total de $550.000 entre la seña y los pagos posteriores. El mueble llegó a su domicilio en junio de ese año. Sin embargo, después de revisarlo, la clienta advirtió una serie de imperfecciones y manifestó su disconformidad a través de mensajes de WhatsApp, el mismo canal que había utilizado para comunicarse con la empresa durante la compra. Según su reclamo, la mesa presentaba pintura levantada, grietas, fisuras, ondulaciones y uniones mal selladas. También denunció torsiones en la estructura, fallas de ensamblado y desniveles en la terminación que podían percibirse al tacto. Para la compradora, los defectos no solo afectaban la apariencia del mueble, sino que también ponían en duda su durabilidad. La fábrica aceptó repararla, pero las fallas continuaron Ante el reclamo, la empresa aceptó que la mesa fuera trasladada a su taller para realizar reparaciones. La clienta pagó $25.770 por el flete desde Mar del Plata hasta la Ciudad de Buenos Aires, aunque después reclamó que ese gasto debía quedar a cargo de la proveedora. En septiembre de 2022, viajó a la Ciudad de Buenos Aires para revisar el estado del mueble antes de que fuera enviado a su domicilio. De acuerdo con lo expuesto en el expediente, comprobó que las imperfecciones que había denunciado seguían presentes. Frente a esa situación, decidió dar por terminado el contrato y exigió que le devolvieran el dinero, además de reclamar el reintegro de los gastos que había tenido que afrontar. La mujer también acudió a la oficina municipal de Defensa del Consumidor. Durante una audiencia celebrada el 30 de noviembre de 2022, la empresa reconoció que tenía la mesa en su poder y ofreció entregársela. La clienta rechazó la propuesta porque consideraba que el producto no estaba en condiciones adecuadas. La jueza entendió que esa instancia permitió a la firma conocer formalmente la decisión de la compradora de resolver la operación y le dio la oportunidad de solucionar el incumplimiento. Sin embargo, no encontró constancias de que después se hubiera alcanzado una solución satisfactoria. Qué tuvo en cuenta la Justicia para condenar a la empresa Durante el juicio, la compañía no contestó la demanda dentro del plazo previsto y fue declarada en rebeldía. Aunque más tarde se presentó mediante una representante legal, la sentencia aclaró que esa comparecencia no eliminaba los efectos procesales de la falta de respuesta inicial. El juzgado también valoró las declaraciones de tres testigos, quienes describieron problemas en la pintura y las terminaciones de la mesa. Según sus testimonios, los defectos eran visibles a simple vista y el mueble había sido devuelto poco después de su entrega. A partir de las pruebas reunidas, la magistrada concluyó que existían defectos de fabricación y que la reparación ofrecida por la empresa no había sido satisfactoria. El fallo encuadró el caso dentro de una relación de consumo, dado que la mujer había adquirido el mueble para uso particular y la demandada se dedicaba a comercializar productos de ese tipo. Bajo ese marco, consideró que la proveedora tenía la obligación de entregar un producto apto para el uso ofrecido y de responder adecuadamente ante los reclamos. De cuánto es la indemnización que deberá pagar la fábrica La sentencia estableció distintos conceptos que la empresa deberá abonar a la compradora: - Devolución de la compra: $550.000, con intereses desde el 30 de noviembre de 2022. - Gastos de flete: $25.770, más los intereses correspondientes. - Viaje a Buenos Aires: una suma equivalente al valor de 84 litros de nafta Infinia de YPF en Mar del Plata al momento del pago, más los peajes de ida y vuelta por Dock Sud, Samborombón y Maipú. - Daño moral: una suma equivalente a US$5.000, que deberá convertirse a pesos al momento de la liquidación. - Multa civil: el equivalente a 20 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo tres. Para establecer la indemnización por daño moral, la jueza tomó como referencia el costo de un viaje para dos adultos a Natal, Brasil, con siete noches de alojamiento, pasajes desde Mar del Plata y gastos de estadía. La resolución consideró que lo ocurrido había excedido las molestias habituales que puede generar una compra fallida. Para el juzgado, la falta de una respuesta eficaz y el recorrido administrativo y judicial que debió atravesar la consumidora justificaban una reparación por las consecuencias que sufrió. En cuanto a la multa civil, el cálculo incorporado al expediente para determinar el depósito exigido en caso de apelación ascendía a $32.215.440. La magistrada fundamentó esa sanción en la conducta de la empresa frente al reclamo, el incumplimiento de sus obligaciones de garantía y el trato dispensado a la compradora. La sentencia también impuso las costas del juicio a la demandada y fijó un plazo de 10 días, desde que la resolución quede firme, para cumplir con el pago. Si la empresa decide apelar, deberá acreditar un depósito previo de $58.488.025,12, una suma que contempla el capital, los intereses estimados, las tasas judiciales y los honorarios y aportes considerados para ese cálculo.