Este jueves, una masacre en una finca de palma africana sacudió a la comunidad de Rigores, en Trujillo, Honduras. Según reportaron fuentes policiales, al menos 10 personas fueron asesinadas en lo que se investiga sería una acción de una banda criminal. Según señalaron medios locales, las víctimas fueron campesinos y trabajadores de la finca, tres de las cuales eran mujeres.

Algunos cuerpos fueron hallados en el interior de la finca, mientras que otros se encontraban a las afueras de la propiedad. Las autoridades locales constataron que las víctimas presentaban impactos de bala de armas de grueso calibre, por lo que la muerte fue instantánea. Sin embargo, desde la Policía señalaron que se deben esperar los resultados forenses de balística para determinar qué tipo de arma fue utilizada.

Hipótesis enfrentadas Vecinos de la zona declararon que los atacantes habrían sido sujetos vestidos de policías, que ingresaron a la finca y arremetieron contra los trabajadores del lugar. Sin embargo, el ministro de Seguridad de Honduras, Gerzón Velásquez, señaló que se está investigando la hipótesis. "Según el análisis de los videos difundidos del hecho, aparenta ser una actividad de una estructura criminal, que ejecutaron personas en un lugar detemrinado. No son prácticas de conflictos por tierras.

Esperamos que tras la identificación de las víctimas, así como de los posibles victimarios, podamos tener indicios para continuar", declaró Velásquez a medios locales Por otro lado, la prensa señala que podría tratarse de un posible conflicto originado entre las fincas del lugar: Rigones y Panamá. El comunicado de las autoridades La Secretaría de Derechos Humanos de Honduras emitió un comunicado condenando el hecho violento en el municipio de Trujillo y señaló que considera "indispensable que las investigaciones se desarrollen con transparencia, objetividad y celeridad a fin de esclarecer plenamente los hechos, identificar a las víctimas y deducir responsabilidades materiales e intelectuales". Asimismo, desde el organismo señalaron que ningún acto de violencia debe quedar impune. "Reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las víctimas y sus familias en su legítima demanda de justicia", sentenció el comunicado