La nueva ley de Financiamiento Universitario que impulsa el gobierno de Javier Milei expuso diferencias internas en el oficialismo, con cruces y pases de factura que en La Libertad Avanza buscan dejar atrás de cara al debate parlamentario. El Ministerio de Capital Humano había iniciado conversaciones con rectores y con gremios docentes, con el objetivo de consensuar un proyecto para tratar en marzo. La nueva ley de Financiamiento Universitario que impulsa el gobierno de Javier Milei expuso diferencias internas en el oficialismo, con cruces y pases de factura que en La Libertad Avanza buscan dejar atrás de cara al debate parlamentario.

El Ministerio de Capital Humano había iniciado en febrero conversaciones con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional y con gremios docentes, con el objetivo de consensuar un proyecto para tratar en marzo. La tarea estuvo a cargo del secretario de Educación, Carlos Torrendel, y en ese momento había señales de acuerdo. Sin embargo, la iniciativa perdió prioridad en el Congreso y la estrategia oficial viró hacia el plano judicial, con la expectativa de un fallo favorable que finalmente no llegó.

Esto generó malestar interno y obligó a reactivar la vía legislativa, incluso con la posibilidad de acuerdos con sectores de la oposición dialoguista. El Gobierno sostiene que la ley vigente, la 27.795, impulsada por la oposición en 2025, es de difícil cumplimiento por falta de presupuesto. En ese marco, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un recurso extraordinario para suspender artículos clave de la norma.

El nuevo proyecto oficial propone recomponer parcialmente los salarios docentes y no docentes durante 2025, aunque convalida el fuerte recorte aplicado en 2024. Desde el Ejecutivo argumentan que la iniciativa busca “armonizar” las necesidades del sistema universitario con las “reales posibilidades” de financiamiento. En medio de las tensiones, en el oficialismo aseguran que trabajarán para encauzar el debate y avanzar con la aprobación de una ley que evite nuevos conflictos judiciales y ordene el esquema de financiamiento de las universidades nacionales.