El Gobierno británico convocó en Londres a la embajadora argentina, Mariana Plaza, en el marco de un nuevo pico de tensión diplomática por las Islas Malvinas. El Gobierno británico convocó en Londres a la embajadora argentina, Mariana Plaza, en el marco de un nuevo pico de tensión diplomática por las Islas Malvinas. La citación se produjo luego de que la administración de Javier Milei iniciara un arbitraje internacional para frenar los proyectos de explotación de hidrocarburos en las inmediaciones del archipiélago.

La medida fue confirmada por la subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar británica, Uma Kumaran, quien cuestionó la ofensiva legal argentina y afirmó que la iniciativa constituye un intento de socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes de las islas. A través de un comunicado, Kumaran defendió la exploración y explotación de recursos en la zona al señalar que la actividad hidrocarburífera está regulada bajo la ley de las Islas Malvinas y que se desarrolla en el marco del derecho internacional, en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El detonante del reclamo fue la decisión del presidente Javier Milei de recurrir a un arbitraje internacional por la explotación petrolera en la zona en disputa.

Desde el Ejecutivo argentino advirtieron que, si el Reino Unido no responde al requerimiento en un plazo de dos semanas, el país solicitará ante un tribunal internacional la aplicación de medidas provisionales para proteger sus derechos soberanos. Milei enfatizó que las acciones buscan detener el saqueo ilegal de los recursos argentinos en el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde 1833. En paralelo a la acción internacional, la Cancillería argentina intensificó la estrategia legal contra los actores privados involucrados.

Hasta el momento, el Palacio San Martín envió cerca de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países e inició unos 60 procedimientos administrativos vinculados a la actividad en el Atlántico Sur. Además, el Gobierno radicó al menos tres denuncias penales ante tribunales locales contra diez compañías petroleras de capitales británicos, israelíes y canadienses, así como contra sus directivos. El presidente Javier Milei instruyó este lunes a la Cancillería argentina y a los equipos jurídicos del Gobierno la apertura del "procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar" contra el Reino Unido.

La decisión oficial responde al "accionar ilegítimo" británico en las Islas Malvinas y busca "impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado 'Sea Lion'". La medida de la administración nacional aspira a frenar la explotación petrolera y objetar "la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación". En ese aspecto, el comunicado de la Casa Rosada resaltó la urgencia de evitar "el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de los recursos naturales existentes en la Plataforma Continental Argentina", un área bajo disputa de soberanía de acuerdo con los tratados internacionales.

Para fundamentar el reclamo, el Ejecutivo recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 2065 (XX), "reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte". Asimismo, ese documento multilateral "instó a ambos Gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones" diplomáticas sin decisiones unilaterales. De igual forma, el Gobierno citó la Resolución 31/49 de la ONU, la cual "instó expresamente a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación".

La Casa Rosada subrayó que la extracción unilateral de riquezas en la zona es "contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina". La administración argentina "ha intimado formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades". El comunicado advirtió que, ante un incumplimiento británico, el país "solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental".

Por otra parte, la Cancillería manifestó un "rechazo categórico a la respuesta del Reino Unido" frente a la declaración del presidente Milei ante la ONU. La postura oficial remarcó que "la pretendida denominación de las Islas Malvinas como 'Territorio Británico de Ultramar' y el referéndum celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía". El Gobierno denunció además irregularidades graves tras detectar "operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea Islas Malvinas - Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización".

Ante esta infracción, el Jefe de Estado ordenó "dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes". Finalmente, el Gobierno sostuvo que "la República Argentina no se quedará de brazos cruzados" y mantendrá la protección territorial con "todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional". El comunicado oficial concluyó con la consigna histórica del Estado: "Las Malvinas son argentinas".