La oposición en Diputados no descarta convocar a una sesión especial para impulsar la interpelación de Manuel Adorni, aunque antes deberá forzar la apertura de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz. El movimiento se activaría después del 29 de abril, cuando el jefe de Gabinete cumpla con la sesión informativa prevista por la Constitución Nacional y enfrente más de 4800 preguntas de los legisladores, muchas de ellas sobre su patrimonio, sus viajes al exterior y el financiamiento de esos traslados. En Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y otros bloques aseguran que, con mayoría simple, pueden avanzar con un emplazamiento: fijar día y hora para tratar el tema en comisión. Antes, deberán reunir 129 diputados en sus bancas para garantizar el quórum y abrir el recinto. “La interpelación a Manuel Adorni es una necesidad institucional impostergable. Como funcionario público, debe dar cuenta de su patrimonio ante las graves denuncias que lo rodean, mientras el pueblo atraviesa un ajuste sin precedentes”, sostuvo la diputada de UxP Claudia Palladino en declaraciones a TN. Y agregó: “Tiene que dar explicaciones por el desfinanciamiento de las universidades, el incumplimiento de las leyes de discapacidad y el desmantelamiento de programas que sostienen la vida de la gente, como el Plan Remediar. Es hora de que el jefe de Gabinete explique por qué el sacrificio recae en el pueblo”. La defensa libertaria En paralelo, La Libertad Avanza buscará cerrar filas con la oposición dialoguista para bloquear cualquier intento de sesión impulsado por UxP contra el ministro coordinador. Ese sostén incluye a sectores del PRO que responden a Cristian Ritondo, la UCR referenciada en Pamela Verasay, el MID de Oscar Zago y bloques provinciales alineados con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), además de los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Con esos espacios negocian el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Embestida opositora y respaldo de Milei El primer intento de interpelación fue impulsado la semana pasada por la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca. Obtuvo 124 votos a favor y 118 en contra, pero no alcanzó la mayoría de tres cuartos necesaria para habilitar el debate. Hubo 14 ausentes, un dato que encendió alarmas en el oficialismo. Entre las ausencias se contaron aliados habituales del Gobierno, como el MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone, y legisladores misioneros del Frente Renovador que conduce Alberto Arrúa, que podrían inclinar la balanza en una próxima sesión. También faltaron dos diputados de UxP, Emir Félix y Pablo Yedlin; Álvaro González, del PRO crítico del oficialismo, y la exoficialista Marcela Pagano: cuatro votos que la oposición considera clave para avanzar contra el jefe de Gabinete. Ese mismo día, otro pedido de interpelación a Adorni —junto a la secretaria presidencial Karina Milei, por el caso de la criptomoneda $LIBRA— reunió 125 votos afirmativos contra 116 negativos, nuevamente sin alcanzar las mayorías reglamentarias. Por ahora, el presidente Javier Milei mantiene su respaldo a Adorni y descarta cambios en el Gabinete. Hoy Karina Milei compartió un acto oficial con el jefe de Gabinete en el Instituto Malbrán. En la bancada oficialista esperan definiciones más claras tras la presentación del 29 de abril, aunque admiten que la presión política podría escalar en los próximos días. Cambios en el reglamento En ese contexto, el diputado libertario Sergio “Tronco” Figliuolo presentó un proyecto para limitar el uso de las Cuestiones de Privilegio, con el respaldo de 15 integrantes del bloque oficialista. La iniciativa apunta a restringir una herramienta que la oposición utiliza para cuestionar la gestión del Gobierno, denunciar a funcionarios —como ocurrió con Adorni en la última sesión— o plantear temas como el desfinanciamiento del sector nuclear, denunciado por la diputada de UxP Adriana Serquis. Las Cuestiones de Privilegio están previstas en los artículos 127 y 128 del reglamento de la Cámara y permiten denunciar situaciones que afecten los fueros, inmunidades o el funcionamiento del cuerpo, con posibilidad de exigir investigaciones o sanciones políticas. En la práctica, sin embargo, se convirtieron en un canal de cuestionamiento político general. El proyecto de “Tronco” busca acotar su uso. “No constituyen un mecanismo para la expresión de opiniones políticas generales, posicionamientos partidarios ni denuncias genéricas que no guarden relación directa con el ejercicio de las funciones legislativas”, sostiene. También propone limitar a cinco minutos las intervenciones, aunque habilita, mediante la incorporación del artículo 128 bis, exposiciones políticas de hasta tres minutos. En los fundamentos, el legislador afirmó que la reforma “no es una medida administrativa más, sino un acto de legítima defensa de la dignidad de este Congreso frente a la degradación institucional que hoy lo domina”.